La lucha contra la pobreza tiene que incluir entre sus blancos la eliminación de la inequidad provocada por el propio Estado a través de políticas de distribución de ingresos arcaicas y desfasadas. El pecado de exclusión social, del que es responsable el Estado, se manifiesta con mayor elocuencia en la medida en que el costo de la vida se incrementa y aleja de las manos de más y más ciudadanos los bienes y servicios que necesitan para subsistir. La legión de personas injustamente pagadas en la etapa productiva de su vida, se proyecta con el mismo sesgo de injusticia hacia la edad improductiva del retiro.

Un caso patético de este contexto social es el de las pensiones pertenecientes al Sistema de Reparto que maneja el Ministerio de Hacienda. En este régimen, el 72.9% de las pensiones vigentes están por debajo del salario mínimo del sector público, que a la fecha es de RD$5,117.50. Con semejante remuneración, ni puede vivir el trabajador activo, ni puede subsistir el pensionado. Y una agravante en la condición del pensionado que recibe tan bajo monto es que no tiene adecuada cobertura en seguridad social.

Aquí es inocultable la insinceridad de un Estado que, a la vez que sustenta un régimen de descomunal inequidad, se ufana de cuestionables éxitos en lo que define como lucha contra la pobreza.

Política y ley de salario público

La Ley de Regulación Salarial del Sector Público, número 105-13, será una de las normativas más difíciles de hacer cumplir, pues como ocurre con la Ley de Partidos Políticos, su aplicación dependerá siempre de la voluntad de estas organizaciones. Por eso, continúa en la administración pública el tratamiento salarial privilegiado de los allegados de los funcionarios en perjuicio de gente que, teniendo el mismo rango, ganan muchísimo menos.

Esta situación confiere muchísima razón a quienes opinan que, en este país, los gobiernos manejan con desparpajo los impuestos, incurriendo en gastos cuestionables. En esa categoría de gasto caben los salarios privilegiados y que fomentan una condición de injusticia en la administración del Estado. El hecho de que el salario público sea una especie de herramienta de marketing político aleja las esperanzas de ver aplicar la Ley 105-13 como tiene que ser.