El Ministerio Público aseguró que las auditorías realizadas indican que las cámaras instaladas, destinadas a la vigilancia del tráfico por parte de la empresa Transcore Latam, S.R.L., eran utilizadas para un esquema de espionaje ilegal, dirigido por José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y por Carlos Peguero, entre otros, los cuales forman parte de la red de estafa contra el Estado, denominada Operación Camaleón.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirma en su escrito de acusación que estos individuos utilizaron la información recopilada “para extorsionar a ciudadanos, representando una grave violación a la seguridad pública y la privacidad”.

El titular de la Pepca, Wilson Camacho, considera que el contrato de la empresa Aurix le permite el uso y abuso de información privilegiada y clasificada como de seguridad nacional, facilitando las prácticas ilegales de Jochi Gómez, “que incluyen manipulación, amenazas, chantajes y extorsiones”.

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Expresa que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y Aurix, S.A.S., fue un acto oculto y de intenciones maliciosas, dado que no existen registros institucionales que lo avalen.

Le atribuye a Jochi Gómez vincular a sus empresas Transcore Latam y Aurix, mediante el contrata que le adjudicó el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) a la primera empresa.

El órgano señala que Transcore Latam añadió elementos no autorizados, como fibra óptica y Kits Starlink, sin aprobación y descubrió que algunos cables estaban etiquetados con el nombre «Aurix», sugiriendo vínculos indebidos con otras empresas, “para un esquema de espionaje ilegal dirigido por Gómez Canaán (Jochi) y Peguero, entre otros”.

La acusación presentada a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para la solitud de medida de coerción a los siete imputados, expresa que Aurix tenía permitido el uso y abuso de información privilegiada y clasificada como de seguridad nacional, facilitando las prácticas ilegales, que incluyen manipulación, amenazas, chantajes y extorsiones.

Destaca que el comportamiento reiterado de Jochi Gómez hacia el control e interferencia en actividades de captación y seguimiento de información gestionada por organismos de seguridad nacional, fue legitimado, mediante la firma del acuerdo con el MIDE, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix S.A.S., el 23 de junio de 2020, el cual tenía una vigencia de 12 meses.