En el transcurso de esta semana, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) citará a la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, cuya declaración de bienes por unos RD$74 millones a sus 33 años de edad ha causado amplios cuestionamientos.

Así lo anunció el titular de la Pepca, Wilson Camacho, quien afirmó que el Ministerio Público ya había iniciado de oficio una investigación sobre el patrimonio de esta funcionaria antes de que se lo solicitara la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.

“Desde que se realizó el programa de la periodista Nuria Piera, iniciamos una investigación de oficio, así que valoramos el interés de Milagros Ortiz Bosch. Creemos que es una solicitud incluso responsable, pero éste es un tema que ya el Ministerio Público, de oficio, ha estado indagando”, aseguró Wilson Camacho, aunque no precisó qué día deberá comparecer la ministra ante las autoridades.

Camacho informó, además, que la Inspectoría General del MP fue apoderada de la investigación disciplinaria sobre los miembros de la institución que habrían archivado definitivamente ocho expedientes del caso de sobornos Odebrecht.

Investigar al exjefe de Cusep. El abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara depositó ante la Pepca documentos sobre operaciones financieras de las compañías Unico Real State y Asociación Campesina Madre Tierra, registradas a nombre de Maybelli Guzmán, pero “con evidente vinculación” al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la administración de Danilo Medina.

Gómez Mazara afirmó que las transacciones realizadas por Unico Real State demuestran que el exjefe “por coincidencia” reside en una de las propiedades adquiridas por Guzmán en Santo Domingo Oeste y que la finca avícola ubicada en Sabana Grande de Boyá también está registrada bajo el nombre de ella.

Señaló que en el caso de esta empresa, que sirve como “sombrilla para ambas operaciones”, posee un capital social de RD$500,000, se constituyó en 2015, está en Santo Domingo Este y “no exhibe un historial de desenvolvimiento contable que justifique desembolsos de altos montos”.

El político agregó que los salarios obtenidos por Cáceres Silvestre en los últimos ocho años no alcanzan para las inversiones realizadas por la empresa.