La Procuraduría General de la República depositó ante la oficina de coordinación de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional el acuerdo suscrito con la empresa constructora Odebrecht para que sea validado por un juez.
Ahora se espera a que la coordinación apodere a un tribunal que conocerá la homologación del referido convenio, que entre otras cosas obliga a la empresa brasileña al pago de 184 millones de dólares por concepto del duplo del soborno que admitió pagó para lograr contratos en el país.
A media mañana de ayer acudieron ante la oficina del juez coordinador, José Alejandro Vargas, la titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, y el abogado de Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en el país, Robert Valdez. Confirmaron el objetivo de su comparecencia.
“Estamos en los trámites de homologar el acuerdo para que de una vez y por todas sea público, y en ese sentido todo el mundo entienda que hemos tratado de preservar los derechos de la sociedad, de la investigación y que las cosas se están haciendo como debe ser”, precisó la titular del Pepca a su salida de la oficina.

Ninguno dio mayores detalles sobre el contenido del mismo.
El abogado de Odebrecht en el país dijo que habrá que esperar que se valide el acuerdo para conocer los otros puntos convenidos con la Procuraduría General.
Cuando se anunció el pago de los 184 mil dólares se informó que se haría un primer pago de 30 millones. Sin embargo, el abogado no confirmó que esa suma haya sido entregada.
Precisó que una vez homologado el acuerdo y que se pueda publicar el contenido del mismo, las opiniones sobre el mismo cambiarán.
“Estoy seguro que cuando eso acontezca, el juicio de la opinión pública nacional va a variar”, aseguró el abogado.
Entiende que el acuerdo favorece el proceso, no a su cliente como tal, Marcelo Hofke.
Días previos al depósito del convenio, la Procuraduría también solicitó la declaratoria de procedimiento complejo para el caso Odebrecht, con lo cual se inició la judicialización del proceso, pero no se ha conocido el estado de la misma.
Según explicó el Ministerio Público, el acuerdo está basado en el criterio de oportunidad que establece el Código Procesal en su artículo 370.6, de que una vez declarado procedimiento complejo, el órgano acusador podrá solicitar la aplicación de este principio y no proceder penalmente si se colabora con información importante para la investigación.