De los 1,277 funcionarios que la Cámara de Cuentas sometió a la Procuraduría Anticorrupción por no haber presentado su Declaración Jurada no hay ningún caso que amerite ser investigado, porque no se ha detectado enriquecimiento ilícito sino simples faltas disciplinarias en lo que el Ministerio Público no tiene competencia.

Así lo reveló a Hoy la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, quien dijo que además la mayoría de los encartados en la lista de la CC son funcionarios a los que todavía no se les ha vencido el período para el cual fueron electos, y muy pocos de los casos son de personas removidas de sus puestos.

“Existen casos de personas que han salido del cargo y no han hecho su declaración jurada, pero son mínimos; si nosotros entendemos pertinente los llamamos y por lo general dan cuenta y nos remiten la información, pero hasta ahora realmente no hay ningún caso que valga la pena destacar de enriquecimiento ilícito”, sostuvo.

Rol del MP. La titular de la Pepca aclaró que solo en los casos en que el funcionario salga o sea removido del cargo sin presentar declaración en el tiempo que estipula la Ley 311, o cuando hay una denuncia, una querella o un rumor público, “se establece una presunción de enriquecimiento ilícito” y el Ministerio Público tiene que investigar e intervenir al funcionario, nada de lo cual dijo, ha ocurrido en el caso de los 1,277 funcionarios de marras.

Señaló que una persona que entre a una función pública y a los dos o tres meses no ha presentado su declaración jurada, está en falta, pero una falta administrativa que amerita un proceso disciplinario que podría conllevar su destitución si no obtempera.

“Pero yo no puedo iniciarle un proceso penal porque quizás todavía esa persona no ha tenido tiempo de cometer un ilícito, y de por sí no hacer la declaración no se constituye en un ilícito”, subrayó Guerrero Pelletier.

Responsabilidad de la CC.

Dijo que conforme al artículo 10 de la Ley 311-14. es al Pleno de la Cámara de Cuentas, a través de su Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, a quien le corresponde comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas, y controlar el cumplimiento de la presentación de la misma por parte de los funcionarios.

“Entiéndase que el Ministerio Público solamente tiene que participar en aquellos casos en que se presente denuncia de falsedad o fraude sobre una declaración jurada de patrimonio, o cuando advierte alguna responsabilidad sobre el funcionario, que lo amerite, momento en que solicitará a la Cámara de Cuentas la realización de una inspección y análisis de la misma, según lo establece el artículo 12 de la ley, lo cual no ha ocurrido en este caso”, sostuvo Guerrero Pelletier.

Afirmó que en los casos de omisión de la Ley sobre Declaración Jurada presentados por la Cámara de Cuentas, quien tiene que llamar a esa persona es el titular de la institución a la cual pertenece, someterlo a un proceso disciplinario y administrativo e informar al organismo auditor , “y si la persona no obtempera, cancelarlo”.
Infractores de la Ley 311-14. La lista con los más de mil funcionarios “omisos” de la

Ley sobre Declaración Jurada fue dada a conocer el pasado 4 de agosto, en una conferencia de prensa encabezada por el Procurador general, Francisco Domínguez Brito; la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, y la titular de la Pepca, Guerrero Pelletier.

En dicha lista estaban incluidos legisladores, embajadores y cónsules; servidores de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; funcionarios la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), alcaldes y regidores.

Sólo 38 se actualizan. Según publica la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas en su página web, al 21 de septiembre del año 2015, los servidores públicos que no habían hecho su declaración jurada de bienes totalizaban 1,239.

Entre estos figuran 121 alcaldes, 1,112 regidores; 3 diputados, un senador, un administrador y un gerente general.

El plazo. El plazo para los nuevos funcionarios, los ratificados y/o cesanteados con posterioridad a la Ley 311-14, hacer su declaración jurada de patrimonio, venció el 8 de julio. Ellos y los que la depositaron de manera tardía fueron remitidos al MP para investigación.

ZOOM

Legisladores

Al 21 de septiembre de 2015 no habían cumplido con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio el Senador Manuel Antonio Antonio, y los diputados Wilson M. Marte Estévez, María Aracelis Duarte Duarte e Ysabel de la Cruz Javier, según el portal de CC.

Ejecutivos bancarios

También estaban en falta el administrador general del Banco de Reservas, Enrique Ramírez Paniagua, y la gerente general del Bandex, María del Pilar Nanita Español.