El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo este viernes que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.

El Ministerio Público continuó leyendo este viernes la acusación contra Almánzar y los demás acusados del caso en la audiencia preliminar que se desarrolla en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.

“En lo que leímos en el día de hoy pudimos ver, por ejemplo, cómo el imputado Leoncio Almánzar vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados que conforman el sector de Los Tres Brazos a cambio de aceptar como pago un solar, encima, hipotecado, en una zona rural”, dijo el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Y así, a medida que vamos leyendo la acusación, nosotros vamos viendo cómo se van distribuyendo cada uno de los delitos cometidos por los imputados. Y nosotros entendemos que con las pruebas que ha aportado el Ministerio Público no quedará otra alternativa que no sea condenar a los imputados (en la etapa de juicio de fondo)”, agregó.

A la salida del tribunal, el fiscal Marmolejos dijo que en la audiencia de este viernes continuaron presentando los cargos establecidos por el Ministerio Público en contra de los imputados y que la audiencia fue aplazada hasta el próximo lunes, 27 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

El representante del órgano acusador precisó que la acusación tiene más de 500 páginas, de las cuales han leído 200.

En el expediente por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, además del exdirector de Corde, figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales han establecido durante la audiencia preliminar que los imputados desfalcaron y estafaron al Estado dominicano.

La acusación señala que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.