La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, negó que Miguel Pimentel Kareh, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) haya sido excluido definitivamente de la acusación que pesa en contra de él y otros exfuncionarios de esa institución acusados de extorsionar a contratistas.

Reiteró que en el caso de Pimentel Kareh se espera la auditoría final a su gestión, a la remodelación del hospital docente Darío Contreras y otras obras.

Declaró que en el proceso que se sigue contra cuatro, entre estos dos exfuncionarios de la Oisoe, el plazo para presentar acusación vencía el pasado lunes y al momento solo tenían una auditoría preliminar de la Cámara de Cuentas.

Según explicó, por el momento se presentó acto conclusivo en cuanto a las irregularidades que cometió el grupo en contra de varios contratistas, entre estos el arquitecto David Rodríguez, quien se inmoló en la sede de la institución.

“Solamente abarca el tema de un grupo de funcionarios que conjuntamente con otros exfuncionarios de Educación, ellos se convirtieron en una pequeña empresa de préstamos en ese departamento”, dijo la titular.

Indicó que si posteriormente en los hallazgos de la auditoría definitiva se evidencia que también dentro de esa situación hay posibilidades de la participación de otras personas, sean directivos, funcionarios medios o altos, no los excluye de que sean procesados.

Irregularidades a la vista. De acuerdo al expediente que sometió la Pepca, Alejandro de los Santos, el exempleado de la Oisoe posee un patrimonio que no se justifica con sus ingresos formales.

El acusado de dirigir la una mafia que operaba dentro de la institución y que se dedicaba a extorsionar a contratistas que eran beneficiados con la construcción de edificaciones escolares, devengaba en la Oisoe un salario de 60 mil pesos como auxiliar técnico, aunque su función era la de encargado de Edificaciones Escolares.

Según la persecutora de la corrupción, los bienes inmuebles que De los Santos poseía no eran compatibles con un empleado público partiendo de la carga económica que tenía de una familia compuesta de tres hijos y su esposa.

Reseña la Pepca que De los Santos y su esposa tenían un inmueble de clase media y en 2015 adquirieron una de clase alta, como lo reflejan los pagos a la sociedad Grullón Rodríguez Services (Gruporossa).

Entre el período comprendido entre noviembre del 2014 y junio del 2015 hizo unos ocho pagos por un monto total de RD$4,843,600.

Detalla, además, la adquisición de un vehículo marca Honda CRV del año, en diciembre del 2014. Bienes que según la procuraduría no son consistentes lícitamente.

La Pepca entiende que los recursos que a través de sus adquisiciones este ostentaba fueron obtenidos de manera ilícita, a través del constreñimiento de los contratistas.
Unas cinco denuncias descritas en el expediente constatan la maniobra que este, junto a Yoel Soriano, Julio Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, utilizaba para sacar dinero a los ingenieros, acciones contrarias a sus funciones.

Félix Antonio Díaz Polanco, ingeniero civil que participó en un concurso del Ministerio de Educación, declaró que De los Santos le exigió otorgarle una partida de la obra, correspondiente a la construcción de la jardinería. Para esto lo amenazó con intervenir la escuela que construía en la provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo al expediente, a través de Julio Pérez Alejo, el hombre del maletín, le intimidó bajo la condición de que con el pago de esa partida evitaría la intervención. Es así como el 8 de mayo de 2014 el contratista le entrega un cheque de RD$1,282,000, que recibió Pérez Alejo.

Así como pasó con Díaz Polanco ocurrió con Danny Andrés Manzueta Grullón, que fue amenazado por De los Santos con intervenirle la obra si no contrataba a Juan Ernesto Romero Pérez para la jardinería. Por presión aceptó y mediante cesión de crédito le entregó RD$907,780.

Felipe Alberto Matos Ortega fue con la misma suerte agraciado para la construcción de un liceo en la provincia La Altagracia. Entregó a Romero Pérez RD$2,000,000, por orden del exdirector de Edificaciones Escolares.

La ingeniera Rocío Orozco de la Cruz entregó RD$1,309,760. Marlene Rodríguez Cabrera RD$ 1,915,435 para jardinería también. El ingeniero civil Edder Ávila Castillo también tuvo que entregar al mencionado Juan Ernesto RD$796,000 para el paisajismo, mediante una cesión de crédito a G&M Servicios y Suministros.

Se establece en el documento del Pepca que de conformidad con las investigaciones la sociedad G&M Servicios y Suministros tiene a Juan Ernesto como gerente general y Pérez Alejo como segundo socio de importancia, este último hombre que junto a De los Santos operaba en la Oisoe sin ser empleado.