La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación, sobre corrupción y otros delitos, que lleva el Ministerio
Público contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas.

Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, designar un juez para conocer las imputaciones preliminares contra Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes tienen privilegio de jurisdicción.

Al grupo de funcionarios se le investiga en forma provisional por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11. La investigación del Ministerio Público incluye a otros integrantes del organismo de fiscalización estatal.

El Ministerio Público también sostiene que las actuaciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas configuran delitos como “coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”.

La instancia depositada la tarde del viernes por la Pepca ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia establece que los investigados tienen privilegio de jurisdicción amparados en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.

Las funciones de juez de la instrucción del proceso deberán ser cumplidas
por un juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia,
designado especialmente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia,
plantea la Pepca.

La instancia firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho plantea que la
Pepca ha enviado varias solicitudes de información a la Cámara de Cuentas,
“las cuales no han sido respondidas, sin ninguna justificación válida, mas
que la de actuar dolosamente para impedir el cumplimiento de las funciones
de Ministerio Público, órgano del sistema de justicia responsable de la
formulación e implementación de la política del Estado contra la
criminalidad”.

Asegura que el Ministerio Público tiene en su poder evidencias de que los
investigados “retienen pruebas que son necesarias para la investigación,
pero están bajo su poder y se niegan a entregarlas”, razón por la que
“continúan obstruyendo la justicia”.

La petición concluye: “Que se designe a un (a) juez de la Suprema Corte de
Justicia para que funja como Juez de la Instrucción Especial de la
Jurisdicción Privilegiada, en la investigación que el Ministerio Público
tiene abierta en contra de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana”.