La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó nuevas pruebas que asegura comprometen a los generales y otros altos oficiales militares implicados en el caso de corrupción Coral 5G.

Wilson Camacho, titular del organismo, dijo que tienen documentos, interrogatorios y otras evidencias que alega muestran la vinculación de los imputados con el caso, por lo que entiende el tribunal no debe variar las medidas impuestas a los acusados.

Aplazan revisión prisión

Camacho habló a su salida del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que aplazó para el próximo 29 de marzo, a la 1:00 de la tarde, la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados.

Dijo que el aplazamiento fue solicitado por la defensa de algunos imputados, que piden les notifiquen las evidencias adicionales que presentó el Ministerio Público y la querella de los abogados del Estado, constituidos en actor civil.

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Fusión de casos

En lo que respecta a la posibilidad de una posible fusión de los casos Coral y Coral 5G, Camacho indicó que “es una decisión que está sobre la mesa, pero que todavía no la toman, ya que depende de muchos factores, incluso de la posibilidad de si un caso puede retrasar al otro.

“Independiente de todo, una cosa es segura y cierto y es que estos casos son conexos, uno es la continuación del otro”, expresó el procurador adjunto.

En diciembre un juez impuso medidas de coerción a 13 vinculados a la red de corrupción administrativa del caso Coral 5G, que fue declarado complejo.

Fueron enviados a Najayo por 18 meses los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio De los Santos Viola y el capitán de navío Franklin Mata Flores.

Mientras que dictaron arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco, César Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Rodríguez Jiménez y al teniente coronel Erasmo Pérez Núñez.

Al coronel Carlos Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida.

EL Ministerio Público acusa al grupo, al que le ocupó unas 125 propiedades, de malversar al menos RD$ 4,500 millones.