El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó para el lunes 17 al medio día el fallo en el caso de los acusados de extorsionar a contratistas a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), cuyas acciones habrían llevado a la muerte al arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en la sede de esa institución en el 2015.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó para ellos penas 12, 8 y 6 años de prisión
La Pepca pidió 12 años para Alejandro de los Santos, exencargado de edificaciones escolares de la Oisoe, como principal implicado en la supuesta mafia que extorsionaba a los contratistas amenazandos con quitarles las obras si no les entregaban algunas partidas de la contratación, como la jardinería y la electricidad.
Para Joel Soriano, exsupervisor de edificaciones, solicitó una condena de 8 años de prisión por valerse de su función para obligar a contratistas a firmar cesiones de créditos.
Para los primos Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez, la Pepca pidió 6 años. Estos dos habrían sido los encargados de entregar el dinero a los contratistas obligados a firmar cesiones de crédito.
La defensa de Pérez Alejo pidió su absolución por entender que no ha cometido ningún ilícito, mientras que el abogado Félix Olivares, de Romero Pérez, pidió el descargo puro y simple, argumentando que las cesiones de créditos son una práctica común en la que incurren casi todos los ingenieros.
La viuda del arquitecto, querellante y actor civil, solicitó a través de sus abogados penas de 20, 12 y 6 años respectivamente.