Pepe “celebra” con bizcocho retraso justicia

<p>Pepe “celebra” con bizcocho retraso justicia</p>

POR TANIA HIDALGO
En tono irónico y como protesta por los tantos aplazamientos de su caso, el coronel retirado Pedro Julio (Pepe) Goico Guerrero se presentó ayer al Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con un bizcocho para «celebrar» el primer año de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público.

Pepe Goico llegó con su bizcocho que tenía los colores del PLD  y una velita como símbolo de un año. Esta ocurrencia llamó la atención de los presentes.

El pastel fue acompañado de una tarjeta en la que Pepe Goico señalaba: «Hoy se cumple un año del abuso cometido por los coprófagos del fiscal del Distrito Nacional, acompañados de los coprofaguitos», esto último haciendo alusión a los fiscales adjuntos que tienen a su cargo el conocimiento del juicio preliminar en su contra.

El ex oficial penetró al salón de audiencias con su bizcocho en manos, pero minutos después un coronel de apellido Abreu ordenó a dos agentes judiciales la incautación del pastel de una libra. La medida fue tomada en cumplimiento de una orden dispuesta por el despacho del fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, quien se encuentra en Chile cumpliendo compromisos propios de su función.

«Todo el que tiene un ápice de conocimiento de derecho debe imaginarse lo que es un expediente en fase preliminar. Por culpa del Ministerio Público eso tiene un año, entonces hoy le he preparado un bizcocho con los colores morado y amarillo y con la estrella de David para celebrar un año de este expediente», dijo en tono irónico Pepe Goico al ser consultado por los periodistas de la fuente judicial.

Agregó que el expediente instrumentado en su contra es de carácter político «como son todos los que ha sometido el Ministerio Público».

Adujo que los fiscales adjuntos han incidentado todas las audiencias porque no han podido obtener las pruebas originales de la acusación, tal como se lo solicitó el tribunal. La audiencia fue aplazada para el 26 de enero luego de que el fiscal adjunto Felipe Cuevas solicitara su reenvío, debido a que su colega Gustavo De los Santos Coll se encuentra aquejado de salud, mientras que los otros dos representantes del Ministerio Público que actúan en el caso están en Chile acompañando al titular Hernández Peguero.

Pepe Goico dijo que paradójicamente el que se quería escapar de la justicia está cumplimiento más que la parte acusadora.

El ex jefe de la avanzada presidencial del entonces presidente Hipólito Mejía es procesado por su presunta implicación en el lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico en coordinación con el ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.

En el expediente figuran además el general retirado del Ejército Nacional, Rafael Molina Suazo, ex jefe de la Tercera Brigada en San Juan de la Maguana, Ernesto Bienvenido Guevara y Belkis Elizabeth Ubrí, entre otros.  Paulino Castillo es procesado en Estados Unidos por narcotráfico internacional, razón la cual la magistrada ordenó que el archivo del expediente en cuanto a este imputado hasta que el proceso concluya en el extranjero.

FISCAL JUSTIFICA
El procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, consideró que las actuaciones del señor Pedro Julio Goico Guerrero en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva constituyen una queja válida al Poder Judicial, pues no se justifica la duración de un año de una audiencia preliminar en las que las pruebas abundan.

Hernández Peguero dijo estar «confiado que más temprano que tarde, la justicia  dominicana sabrá imponer  las debidas sanciones al señor Quirino Ernesto Paulino Castillo y sus socios ocultadores de bienes adquiridos con dinero producido por el narcotráfico, que es la acusación formulada contra el señor Pepe Goico».

El funcionario advirtió que el retardo de la justicia está previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal que establece el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un plazo razonable y del derecho constitucional que le impone la obligación a las autoridades judiciales de imponer las sanciones previstas en las leyes a los que violen sus disposiciones formales.

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