JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Con el Congreso Nacional bajo control del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno podrá lograr la aprobación del paquete tributario emitido esta semana pero tendrá que afrontar consecuencias políticas, ya que persiste una percepción general negativa sobre el exceso de gasto y escasa transparencia.

Con una quinta reforma tributaria en apenas seis años es natural que exista una resistencia a pagar mayores tributos, sobre todo cuando el gasto corriente se ha disparado en más de un 50 por ciento en los dos años que lleva este gobierno. Debe tomarse en cuenta que el presupuesto nacional que ascendería el próximo año a 256 mil millones de pesos, fue 82 mil millones en el 2003. Es decir más del triple en 4 años, con un gasto de capital que apenas anda por el 20 por ciento.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicado esta semana indica que el gasto gubernamental pasó del 15.6 al 19.3% del producto bruto interno entre el 2000 y el 2005, mientras los ingresos apenas subieron de 15.9 al 17.9 del PBI. El gasto corriente pasó del 11.8 al 14.5% del PBI, en tanto el gasto de capital sólo creció del 3.8 al 4.7% del PBI.

La resistencia a mayores tributaciones es más comprensible todavía si se tienen en cuenta los desafíos que implica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de inminente entrada en vigencia, y que para el 2008 tendríamos también que implementar un pacto similar con la Unión Europea.

Estudios en manos de los sectores productivos indican que apenas la tercera parte de los productores nacionales están en condiciones adecuadas para competir en un mercado abierto, que otro tercio afrontará dificultades y el tercio restante podría irse a la quiebra.

En ese marco los incrementos de impuestos a combustibles, seguros, vehículos, placas de los mismos y al transporte de carga, se reflejará necesariamente en mayores costos para la producción, incluyendo el peso del ineficiente y nefasto servicio energético, lastre número uno para la competitividad nacional.

Hasta para las empresas productoras de bebidas, los nuevos impuestos implican riesgos porque las mismas están ya excesivamente sobrecargadas de impuestos. No han salido indemnes de ninguna de las cinco reformas tributarias de estos últimos 6 años.

Por más vueltas que se le dé al paquete sometido al Congreso, en su mayor parte gravará el consumo, lo que aumenta la inequidad que afecta a los sectores medios y la población pobre que tendrán que pagar una mayor cuota por electricidad y transporte y también por cervezas y licores, que para muchos son productos básicos para sobrellevar las limitaciones en que sobreviven.

El gobierno afronta un descrédito progresivo. La Asociación de Industrias ha estimado que el nuevo paquete impositivo superará en cerca de un 50% los estimados de ingresos anunciados por el presidente Leonel Fernández en su último discurso. Mientras considera que la austeridad concretada en el proyecto enviado al Congreso quedó por debajo de lo planteado por el mandatario.

En esta materia la desconfianza es también comprensible y legítima, dados los precedentes de los últimos gobiernos.

Baste recordar que al final del 2002 el presidente Hipólito Mejía firmó un pacto con el empresariado en el que se comprometió a volver al nivel de empleo estatal del 2000, en vez de lo cual la nómina ha crecido desde entonces en más de 70 mil. Ahí está también el discurso de juramentación del presidente Fernández cuando se comprometió a reducir el gasto corriente en 20% ciento, para elevarlo en más del 50 por ciento en dos años.

Varias de las disposiciones de reducción de gastos anunciadas en el discurso presidencial del lunes no aparecen en el proyecto de ley, como la referente a la abultada publicidad gubernamental y los viáticos. En tanto otras están sometidas a discrecionalidad, llegándose al colmo de plantear que la reducción de salarios de los altos funcionarios podrá quedar sin efecto en el transcurso del 2007, si mejoran los ingresos, cosa prevista precisamente en el paquete fiscal y en las medidas destinadas a reducir las evasiones, incluyendo la implementación de la factura numerada a partir de enero.

En otras palabras, que hay razones suficientes para temer que una vez más se impondrá una elevación de la presión tributaria y seguirá la fiesta del gasto público, que junto a la corrupción galopante consumen una gran proporción de los recursos que deberíamos emplear en el mejoramiento de los servicios básicos prioritarios, como educación y salud.

Si el gobierno quiere restaurar siquiera en parte la confianza perdida, tendrá que adoptar muchas disposiciones concretas, como cumplir la promesa de suprimir los privilegios de los cónsules, y actuar con mayor transparencia en las contrataciones de obras, bienes y servicios.