La reconocida entidad Transparencia Internacional, la de los diagnósticos generalmente deplorables sobre conductas deshonestas en sociedades y gobiernos, captó en la opinión de los dominicanos (2021) una primera aunque modesta señal de confianza en que el país podría avanzar en la aplicación de controles y sanciones al enriquecimiento ilícito.

De ordinario la corrupción ha sido vista en el país como un mal consustancial y arraigado que ha logrado permanencia por la falta de voluntad política para combatirla.

Con una mejoría de dos grados en las posiciones del Índice de Percepción de la Corrupción, la República Dominicana se coloca ahora en el lugar 128 en una medición a 180 países en la que América Latina anda por una puntuación promedio estancada en el último decenio de 43 puntos.

Aun faltando un empinado trecho por recorrer hacia la óptima reducción del peculado en esta geografía, el país percibe a un Ministerio Público, de poco o ningún precedente, que se muestra comprometido con la independencia y desafía los esquemas que propician impunidad.

Ha visto además la reactivación de una Cámara de Cuentas que con nuevos integrantes escudriña y rinde informes sobre irregularidades y violaciones a leyes y normas en ejercicios administrativos que antes no salían a la luz.

Estos cambios institucionales reciben, evidentemente, una aprobación ciudadana reflejada en el estudio de opinión aplicado por Transparencia Internacional.