En nuestro país, la gran mayoría de los funcionarios, militares y personas que ejercen algún tipo de autoridad tiene una percepción muy errada acerca del poder.

Se cuenta que en la época del dictador Rafael Leonidas Trujillo un guardia pidió la cédula a un ciudadano. Con cierta preocupación el ciudadano le indicó al militar que tenía el documento al revés.

-¡Cállese! le respondió de manera abrupta.- La Guardía lee como quiera.

¿Qué siente y piensa un militar cuando se pone el uniforme con su charretera llena de insignias? ¿Qué siente y piensa el funcionario cuando se arrellana en su poltrona de poder?

La realidad cotidiana y común indica que estas personas sufren una especie de metamorfosis psicológica que les lleva a pensar que pueden hacer de todo.

Hemos tenido un militarismo que atropella y a unos funcionarios que abusan del pueblo y de sus posiciones.

En las culturas desarrolladas, un oficial público es un servidor, alguien que no solamente se debe enteramente a los ciudadanos, sino que sus facultades están estrictamente estipuladas y limitadas por dispositivos claros consagrados en la ley.

Un militar o ministro de gobierno, por más alto que sea el rango o la posición, se debe al pueblo. No cumplir con sus responsabilidades o, peor aún, desnaturalizar la función para la cual ha sido designado, le hace pasible no sólo de perder la función sino de ir a parar en mano de la justicia.

Eso es cuando se entienden y cuando operan de manera clara las reglas de una democracia verdadera.

Pero los primeros que deben conocer esta realidad somos los propios ciudadanos. El respeto hacia una autoridad que cumpla con su deber no debe nunca significar un temor que lleve a  someterse a decisiones medalaganarias o abusivas.