Arturo Martínez Moya 
Cuando hay tolerancia social el fraude avanza más rápido que los esfuerzos que se realizan para reducirlo. Lo digo porque, no obstante el enorme volumen de bases imponibles ocultas al Fisco, de manera extraña nunca ha sido parte de la plataforma de partidos políticos, tampoco del discurso de los dirigentes políticos. Y si queremos minimizar esa base imponible oculta, opaca, las instituciones políticas y empresariales deben tener una posición pública sobre el tema, es como en el mediano se puede aumentar la escasa conciencia fiscal que existe en la sociedad, en la que inciden aspectos inmateriales como la educación de la ciudadanía.
Estamos hablando de mucho dinero. Basado en estudio de la CEPAL calculo que se perdió 10.5% del PIB en 2018, el monto de RD$423.6 mil millones, distribuido así: RD$171.5 mil millones evasión del ITBIS; RD$178.6 mil millones Impuesto Sobre la Renta de Empresas y RD$74.5 mil millones Personas Físicas.
Datos que quedan en el subconsciente de la población, al igual que el concepto jurídico de fraude que se refiere al incumplimiento de normas tributarias, si llegan con mensajes profundos transmitidos de manera simple, por ejemplo con cartones animados. Cuando hacía mi postgrado en economía en Boston University (hace muchos años), quedó en mi memoria la síntesis de la sentencia que leí en la puerta de la Agencia Tributaria (IRS) atribuida al juez Oliver Wendell Holmes Jr., considerado como de los mejores en la historia jurídica de los Estados Unidos: «los impuestos es lo que pagamos por vivir en educación. La alternativa es la ley de la selva».
Le sobra razón a Magín Díaz cuando sostiene que la lucha contra el fraude es un proceso continuo por la enorme suma envuelta y complejidad de las diferentes maneras de mentir para no aportar al Fisco. Lo que corresponde, como dije, es apoyar el trabajo técnico que realiza la DGII, potencializa la educación de la ciudadanía y medios electrónicos para con metas anuales estrechar la brecha entre lo que debería recaudarse y lo realmente recaudado. Y para que sin importar de quien se trate, continúe identificando personas y empresas con operaciones opacas con la advertencia de que el fraude conduce a la cárcel.
De esa manera se hace justicia a los contribuyentes que no rompen el contrato social de progresividad de los aportes fiscales. Se evita que las operaciones fraudulentas se impongan como oportuna y conveniente sobre las honestas, que contribuyentes cumplidores concluyan que es ineficiente no imitar a los que defraudan, que proceden luego de interpretar como buena la posibilidad matemática de rentabilizar sus operaciones al multiplicar beneficio a obtener por la probable impunidad, y al evaluar como alta la impunidad y bajo el riesgo de que la Agencia Tributaria descubra la ingeniería fiscal y judicialice.
Si en el mediano plazo se logra reducir la evasión en 5% del PIB, en RD$200 mil millones, acercamos nuestra presión fiscal a la media (21%) de países de América Latina y el Caribe. Y lo superamos si, además, gobierno, empresarios y partidos políticos se ponen de acuerdo para reducir en RD$100 mil millones el gasto tributario de este año (RD$220.867.8 millones, 5.1% del PIB). Este es un ejemplo de un programa de gobierno que beneficia al pueblo.
