HAMLET HERMANN
“CLAVE DIGITAL: Santo Domingo, D. N.  El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional falló este martes acogiendo una solicitud de suspensión provisional del procedimiento a favor de la ex directora del Departamento Internacional de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), acusada de robarse más de 1 millón de pesos y de falsificar la firma del Director de esa institución del Estado.

La solicitud de suspensión fue hecha por el Ministerio Público, y el tribunal la acogió luego de que la imputada admitió cometer los hechos. El magistrado, en rol de juez interino, ordenó que la imputada haga labor de utilidad pública en la Cárcel de Mujeres de Najayo, sin recibir ningún pago o remuneración, además de abstenerse de salir del territorio nacional. Los servicios públicos deberán ser cumplidos durante 90 días y consistirán en cursos de capacitación a favor de las reclusas de la citada cárcel”.

Siempre creí que si alguna persona era descubierta en manejos dolosos y confesaba la comisión del delito, se procedía entonces a sancionarla de acuerdo con el Código Penal o el Criminal. Pensaba que la primera parte de la sanción era la devolución del monto del hurto. En este caso, la señora Directora de un Departamento de ONAP debió haber devuelto el millón de pesos sustraído. De no tener consigo la suma dolosamente obtenida, el tribunal ordenaría la incautación de algún automóvil, mobiliario, joyas o vivienda que pudieran ser subastados para que la suma robada fuera restituida al Estado. Pero no fue así. La señora preserva como propiedad personal todos los bienes adquiridos con el millón de pesos que, por confesión propia, sustrajo del erario. Habría que averiguar cómo podrá registrarse ese fraude en la contabilidad de la ONAP y cómo podría explicarse ante la Cámara de Cuentas.

Otra parte de la sanción a la señora que confesó ante un tribunal ser desfalcadora del Estado, es la de trabajar durante noventa (90) días en cursos de capacitación en la cárcel de mujeres de Najayo. Dado que su confesión ante un juez establecía que la suma sustraída fue de un millón de pesos dominicanos, cerca de 30 mil dólares, cada día de de trabajo bajo la penalidad estaría siendo remunerado, relativamente, con 11 mil 111 pesos. Magnífico salario equivalente a 333 mil 333 pesos mensuales, suma esta que ni el Presidente de la República recibe cada mes

Asimismo, el juez ordenó que la condenada impartiera “cursos de capacitación a favor de las reclusas de la citada cárcel”. Cabe entonces preguntar: ¿en torno a qué tema podría esa señora capacitar a las apresadas de Najayo? En lo que a las reclusas respecta, les encantaría conocer en detalle cómo es posible desfalcar al erario y no ser condenada a prisión merced a una militancia política. Alguna de las argucias utilizadas contra ONAP podría ser generalizada por alguna de las reclusas y utilizarla en cualquier otra institución o empresa del Estado dominicano.

También podría ser útil para las detenidas en Najayo conocer el mecanismo utilizado por dicha señora para falsificar la firma del Director de ONAP. Este sería un tema importante, que podría ser útil para aquellas que se vieran en la necesidad de utilizarla antes, durante o después de cumplida la condena actual. Quién sabe si, a partir de esas charlas, compran algún “scanner” y las interesadas en salir de la cárcel a la mayor brevedad se especializan en colocar la firma del Director de Prisiones en ficticias órdenes de libertad.

En fin, este tipo de acuerdo entre ministerio público y jueces para garantizar la impunidad a los desfalcadores del Estado ha sobrepasado el sentido del límite hasta llegar a la complicidad con los delincuentes. Ya no es sólo que se liberó al Secretario de Estado Ángel Lockward por el desfalco del gas licuado de petróleo mientras los demás acusados siguen sometidos a los mecanismos judiciales. La ley del “tigueraje” como norma de gobierno parece trascender hasta los niveles inferiores de la administración del Estado. Y parece que nunca habrá sanción, sino que se usarán los desfalcadores como instructores de sus métodos en los centros penitenciarios del país. Para que el país vaya hacia delante.