Periodistas latinoamericanos advirtieron, en un congreso que concluye hoy en Buenos Aires, de los riesgos que afrontan los comunicadores en la región, desde el hostigamiento judicial y campañas de descrédito hasta la cárcel y crímenes perpetrados por gobiernos autoritarios y bandas criminales.

Es una situación que afecta en modo evidente a países como Venezuela pero también, de un modo más velado, a otros aparentemente sin problemas para los periodistas, como Uruguay, según se puso de manifiesto en la jornada final del XIII Congreso Internacional de Periodismo organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

“El panorama en Venezuela es devastador. Desde el inicio del gobierno chavista ha venido creciendo la persecución al periodismo e incluso la autocensura”, dijo la periodista venezolana Sofía Nunes, que trabaja en Buenos Aires en el portal Urgente 24 y que en su país lo hizo en El Informador y en Diario Yaracuy al Día.

Nunes precisó que en los últimos cinco años han cerrado unos 200 periódicos en Venezuela, mientras muchos otros han pasado a manos gubernamentales.

La periodista, que desde 2016 reside en Argentina, aseveró que lo que hay en su país es “periodismo de guerra, aunque suene exagerado».

“El gobierno ha instaurado el miedo y, si no ha ganado la batalla completa, ha ganado bastante territorio. Hay muchos periodistas en el exilio”, señaló.

Octavio Alfonso Enriquez Cabistán, periodista a cargo de investigaciones en el diario La Prensa, de Nicaragua, describió la situación de represión gubernamental que se vive en su país y cómo esto afecta al periodismo.

“El contexto es muy difícil para la ciudadanía en general. Se han recibido reportes de agresiones contra periodistas y se han quemado medios de comunicación”, señaló.

Enriquez Cabistán afirmó que “corre riesgos” pero no deja de denunciar y documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

La periodista ecuatoriana Mónica Almeida, creadora de la unidad de investigación del periódico El Universo, de Quito, hizo un recuento de los hostigamientos a la prensa durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Para ello, explicó, se montó toda una estructura de leyes que condicionaron la labor profesional, por ejemplo, ahogando económicamente a los medios con la aplicación de multas. Ahora, advirtió, se suma una nueva amenaza, la del narcotráfico, responsable este año del asesinato de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio.