El Parlamento cubano tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y ONG temen que suponga una vuelta de tuerca más sobre los digitales no oficialistas que quedan dentro del país.

Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida- el proyecto de ley sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista (PCC). Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad».

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Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Y que el sistema de comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (…) Marx, Engels y Lenin”.

El periódico Juventud Rebelde –que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas– afirmó esta semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución”.

Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes afirman que elevará presión sobre redactores y medios no oficialistas.