Cuando un partido en el poder no renueva sus cargos superiores con la periodicidad que mandan las coyunturas y en la forma más innovadora posible, se pierde la oportunidad de aglutinar un equipo de colabores que sea de más aceptación para la opinión pública. Por buenas que sean las notas que saque un gobierno, hasta el punto de reelegirse con un excelente respaldo ciudadano, algunos ejercicios administrativos dejan insatisfacciones. Al no concretarse con mayor alcance un “gobierno nuevo”, así prometido antes del 16 de agosto, el país podría temer que en algunos aspectos en este cuatrienio habría “más de lo mismo”. Parece lógico que algunas presencias de larga data en la cosa pública causen frustración a alto nivel del partido en el poder. ¿Esos que siempre están en los puestos grandes son los únicos aptos para tan importantes obligaciones, en un partido con herencia de veteranía? Un objetivo prioritario del Estado es fortalecerse institucionalmente para que las leyes y los organismos logren sus fines airosamente. Introducir visiones y criterios nuevos en gestiones públicas podría impactar favorablemente en la búsqueda de mayor desarrollo, aumento de las exportaciones y rescate de más de medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. La sangre nueva que augure mejores formas de hacer las cosas no alcanza en el Gobierno la contundente presencia que la situación amerita. En ese ajedrez hubo más rotación de piezas que novedad.

Son males de su incumbencia

La insolvencia y deudas que restan operatividad a muchos ayuntamientos son un efecto más de fallas institucionales que este país debe superar. Ahí está la negativa a entregar a los gobiernos edilicios el porcentaje de ingresos fiscales que por ley les corresponde. A lo que se agrega la falta de supervisión a sus gestiones, lo que estimula dispendios y desviación de recursos. La Cámara de Cuentas, la Contraloría y una Liga más decorativa que otra cosa, tienen obligaciones institucionales en ese sentido. La crisis que afecta a los cabildos debe ser atenuada con medidas excepcionales del Gobierno Central que se reserva considerables recursos para uso discrecional, una holgura privilegiada que le reporta gran beneficio político atendiendo eventualidades. Ese jugoso pastel podría utilizarse para sacar de inopia a las comunidades edilicias en graves trances.