No importa cómo se llame ni en qué gobierno se inició, pero, que en un país pobre con tantas carencias y desigualdades exista un individuo que pueda “ganarse” 20 millones de dólares en una operación donde el Estado aporte el dinero, debe ser motivo de alarma y preocupación.
Situaciones como esa deben cuestionar toda la estructura del poder empezando por el Presidente y terminando con el último burócrata que tenga que ver con un sistema que permita una barbaridad de esa índole a expensas de los dineros del pueblo.
Algunos lo llaman lobismo, otros menos sofisticados lo denominan cabildeo pero en definitiva, es una acción corruptora que conlleva ”convencer”, en base al soborno, a los estamentos oficiales de la bondad de un proyecto que deja grandes beneficios a quienes lo cabildean, aprueban y ejecutan.
Se supone que cada funcionario, en el área que corresponda, debe defender el patrimonio público al igual que los comités de licitación de las obras del Estado que deben evaluar las propuestas al margen de un funesto personaje que busca lucrarse excesivamente con dinero del erario.
Lo peor de quienes participan en estas componendas y otros actos de corrupción es que subestiman la inteligencia del pueblo y creen que este va a concebir que los millones de dólares que involucran estas operaciones dolosas, van a parar a una sola mano.
No entienden, como lo demuestra la Marcha Verde, que este pueblo despertó y sabe que el entramado de corrupción de la Odebrecht no se limita a las contrataciones sino que se amplía con las ilegales y exageradas adendas a los contratos en complicidad con los funcionarios que se enriquecen impunemente.