Las actividades consideradas como delictivas son aquellas que están revertidas de delitos o actos sancionados por la ley. En estos actos tenemos: robos, atracos, homicidios, venta de sustancias ilícitas, violaciones de niñas y mujeres, estafa o sustracción de fondos al Estado o a empresas, entre otros.

Son delincuentes todas las personas que cometen estos actos, no importa su origen ni estatus social.

Sin embargo, en la sociedad dominicana se excluye de la categoría de delincuente a personas con recursos económicos o que están vinculadas a los estamentos de poder y se reduce hacia jóvenes o personas adultas de sectores pobres dedicadas a actividades delictivas.

Este perfil provoca inseguridad en los estratos medios para transitar libremente por las calles y restricciones hacia niñas y adolescentes en el uso de guaguas o carros públicos por miedo a que sean atracadas o violadas. Sin embargo, hay otro tipo de delincuente que convive con las personas de estratos medios y altos y es aparentemente invisible.

Encontramos a legisladores como el diputado Julio Romero que tiene expedientes públicos de violación a menores. Las mujeres y hombres de este país no han sentido temor de que este señor se vincule a sus niñas y adolescentes y no se encuentra en el interior de carros públicos ni guaguas. 

Tenemos varios funcionarios de gobierno que distintos reportajes han presentado en sus expedientes delictivos por estafa y robo al Estado, no han sido cancelados ni encarcelados a pesar de los escándalos públicos. 

Estos funcionarios no andan en motores, guaguas, ni carros públicos; transitan por las calles de Santo Domingo en jeepetas y comparten con las personas en fiestas y restaurantes; la ciudadanía no les teme.

Otro tipo de delincuencia es la que se ejerce desde los organismos de seguridad. Son muchos los escándalos públicos en los que se muestra a la policía y otros organismos de seguridad involucrados en la venta de drogas, en atracos, robos y asesinatos (que se disfrazan de “intercambios de disparos”). Recientemente un joven de Villa María fue asesinado por una patrulla policial. Su entierro fue una manifestación de protesta de la comunidad. En 2009 se registran más de 400 homicidios, un promedio de 1.1 persona ejecutada por día, todos a manos de agentes policiales.

¿Podemos transitar con seguridad en las calles cuando los agentes policiales, funcionarios y legisladores están envueltos en actividades delictivas?

Nuestra sociedad permite en silencio la delincuencia que proviene de los estamentos de poder.

La población no tiene conciencia de la gravedad del problema y de su poder para frenarlo con el ejercicio de sus derechos como ciudadano.