La crítica situación de una joven con un embarazo de 18 semanas y afectada por una hemorragia cerebral, pone de manifiesto la necesidad de que el Congreso acoja las observaciones mediante las cuales el Poder Ejecutivo objeta la prohibición tajante del aborto terapéutico y hace recomendaciones puntuales sobre las circunstancias en que dicho procedimiento debería permitirse. En este caso particular y en todos los de su tipo, los médicos saben qué hacer pero una pauta jurídica que reniega del rigor científico les impide actuar como deben en su misión de salvar vidas.
El Ministerio de Salud Pública ha dispuesto preservar el embarazo de la mujer y que los especialistas agoten los protocolos pertinentes para atender la afección cerebral de la madre. Médicos consultados al respecto han opinado acerca de cómo enfrentar la situación. No hay duda científica en cuanto a este cuadro clínico y la manera de manejarlo. La única traba es la pauta jurídica que expone a los médicos a persecución penal y que les hace vacilar en la toma de una decisión, la que de acuerdo a su profesionalidad pueda resultar efectiva. El Congreso tiene que despejar los pruritos dogmáticos que han llevado a insertar en el Código Penal la prohibición radical e irracional de la práctica del aborto terapéutico. En el caso que ha inspirado estos comentarios, que se permita a los especialistas médicos y a la familia de la paciente decidir la opción salvadora.

Guardar no solo las apariencias

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha sido convocado para elegir integrantes de las altas cortes, pero esa gestión tiene implícito un reto de ética y moralidad que con mucho tino anota la Fundación institucionalidad y Justicia (FINJUS) al observar la filiación peledeísta de la mayoría de los miembros de ese organismo, encabezado por el presidente Danilo Medina. Será la calidad de la selección, en términos de independencia y aptitud, lo que le sacará las castañas del fuego al CNM.
En momentos en que casos como los sobornos pagados por Embraer y Odebrecht mantienen bajo suspicacia la independencia del Poder Judicial sería un yerro descomunal una selección de jueces de altas cortes cuya independencia no esté garantizada. Esa selección entraña un desafío ético que obliga a guardar algo más que las apariencias.