Que quede bien claro de entrada. No me refiero al Presidente de la República que lo es de todos los dominicanos, incluyendo a los que no votaron por él, tal es mi caso, sencillamente porque no voté. No pertenezco a ningún partido político. Decidí organizarme y formar parte de uno o más grupos de presión de ciudadanos independientes que políticamente aspiran a ser mejor gobernados y luchan por serlo. Como parte de la sociedad, la llamada sociedad civil abarca muchos y diversos sectores, donde se discute y se sostienen criterios y simpatías y preferencias políticas, religiosas, científicas, o filosóficas. Donde defender y respetar las propias creencias y las ajenas, debe ser un credo democrático inviolable. Como parte importante de la sociedad, no importa si son muchos o pocos sus miembros estos tienen igual derecho al voto para elegir a nuestros gobernantes o rechazarlo. En función de ese voto y de los derechos ciudadanos que le ampara, cada persona o grupo de personas organizado, propugna o debe propugnar porque tanto los funcionarios políticos electos, como los dirigentes de la oposición, y los funcionarios del Estado, cumplan sus objetivos primarios: servirle al pueblo y conducirle por  cauces de paz, en libertad, con respeto a la ley y a los derechos fundamentales de la persona humana, para que pueda lograr cada quien las metas esenciales.

El Presidente y el Vicepresidente de la República, los legisladores, síndicos y vice síndicos y regidores, no deben de perder de vista a quien deben sus funciones y responsabilidades. No al partido que los propuso, sino al pueblo que los eligió. Deben entonces preocuparse y atender las necesidades y aspiraciones del pueblo soberano “de donde emanan todos los poderes del Estado”, más allá de sus intereses personales, grupales o partidarios.

Como parte de la sociedad civil que soy, milito políticamente en una agrupación civilista que no pretende convertirse en partido político, pero que tiene tanto derecho como las demás agrupaciones empresariales, gremiales, culturales científicas o de género, igual que los propios partidos políticos y sus afiliados y seguidores. Derecho a participar y exigir que se actúe con transparencia, que se respeten las funciones y poderes de los organismos del Estado, que no se violen y sí se respete la Constitución de la República y las leyes que la complementan; que no se desconozcan los tratados internacionales que protegen y garantizan, más allá de toda coyuntura política, los derechos humanos fundamentales, derechos irrenunciables que pertenecen por natura al pueblo y que ningún pueblo, revestido de dignidad, estaría dispuesto a renunciar ni ha relegado en nadie.

Así el Pacto-Leonel-Miguel, pacto entre dos dirigentes en pugna que buscan sus ventajas particulares, a mi no me obliga ni representa. Como no me representan los legisladores que convertidos en “reformadores”, obedientes a sus jefes políticos, a sus intereses particulares, resignan sus funciones y deberes constitucionales. Abren espacio para amarres partidistas de dudosa legitimidad. Y amenazan con castigar a sus pares y descalificar a quienes se atreven a ejercer un derecho libérrimo, obedeciendo a su  conciencia y denunciando los desafueros. Los que olvidan el origen y la finalidad de su mandato: el bienestar del pueblo soberano, y olímpicamente le dan la espalda, no me representan.