No entregar a tiempo los recursos a constructores de una obra del Estado, da lugar a que se deshaga el contrato so pretexto de que la construcción no avanza; entonces se otorga el contrato grado a grado a una empresa que cumpla con los requisitos requeridos.

No me atrevo a asegurar que ese es el caso de la carretera Sánchez, en su tramo San Cristóbal-Baní, cuya construcción parece que no terminará nunca.

Parece que la falta de recursos en el tiempo adecuado y el cambio de contratistas provocan la situación actual.  Mientras, las dificultades para transitar en ese tramo de la carretera Sánchez continúan pero el dinero gastado en la ampliación y construcción del mismo ha resultado como echar sal en el mar.

Uno de los principales problemas del país es que no tenemos instancias confiables que regulen el uso y manejo de los fondos públicos.

En lo que sí son eficientes los gobiernos, especialmente éste, es en el cobro de toda suerte de tributos, impuestos e inventos para sacar el dinero de los bolsillos de los trabajadores.

Ello permite que vivamos de escándalo en escándalo. La denuncia y discusión sobre un acto de corrupción mayúsculo se deja de lado ante la nueva denuncia de otro acto de corrupción que, como en una cacería de conejos, salta uno u otro animal en una u otra dirección, o en todas.

El manejo de los fondos públicos deja mucho que desear, porque falta el elemento principal: la supervisión.

Las quejas, los reclamos los señalamientos para que la ejecución de la Ley de Gastos Públicos sea correcta y transparente, chocan con el impenetrable muro en que se han convertido las instituciones que debían velar por ello que son la Contraloría General de la Nación, la Cámara de Cuentas y la  Procuraduría General de la República y sus fiscales dependientes, quienes lamentablemente persiguen la corrupción con criterio político.

Aquello de que “el rumor público mueve la acción pública” es un viejo decir que al parecer nadie recuerda y, por tanto, nadie ejerce. La denuncia de que el secretario de Obras Públicas suspendió el contrato para la construcción de un llamado Boulevard Turístico del Este para entregarlo, grado a grado a una empresa que ejecuta otros ocho contratos por un monto de 3 mil 173 millones de pesos, permite comentar ¡cuánta suerte, qué buena fortuna!

Estamos, al parecer, ante otro escándalo que involucra miles de millones de pesos del paga impuestos y quizá una parte hasta engrose un porcentaje a la conocida pero deficientemente perseguida corrupción.

Esas situaciones continuarán mientras los fiscales, la Contraloría y la Cámara de Cuentas, sean dependientes del Poder Ejecutivo, que juega a la política con los fondos públicos. Todas las fiestas se acaban, ojalá que esta no termine a rabazos, como las fiestas de los monos.

Mientras uno se pregunta pero ¿otra vez?