JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Hemos seguido con fruición el juicio que se les sigue a cincuenta y nueve oficiales de la Policía Nacional involucrados en el expediente de vehículos robados que luego le fueron asignados a jefes de departamentos, oficiales de otras disciplinas y hasta «queridas» de los más avispados. En verdad, no creíamos que esto pudiese estar sucediendo en nuestro país, en donde la impunidad ha campeado por sus fueros, especialmente si los involucrados son militares y más extrañeza, si son generales y ex jefes del cuerpo del orden.

Los que deben estar que echan «chispas» son aquellos que vieron esfumarse el fruto de su trabajo, al despojarlos de su medio de locomoción de una manera tan descarada y desvergonzada, por aquellos llamados a mantener el orden y proteger la propiedad de los pacíficos ciudadanos que de buenas a primera, tuvieron que aceptar pagos de parte de compañías de seguro, muy por debajo del precio de su valor. En consecuencia, no pudieron reponer el tipo de vehículo que poseían, ya que la indemnización no les alcanzó. Sin embargo, aquellos que se apropiaron indebidamente, por la práctica deleznable de asignar a funciones policiales vehículos «recuperados» o mejor dicho, robados por los actores de la farsa, a estos deben ser descargados, porque el actual Jefe de la Policía considera que no cometieron el delito, ya que estaban ajenos al modus operandi del Departamento de Robos y Delitos.

Es difícil creer, que avezados agentes investigadores no comprobaran que las numeraciones en los chasis de los vehículos habían sido limadas, y en su lugar, grabadas otras letras y números. Al parecer, peca de ingenuo el susodicho oficial, o piensa que todavía los despojados y los demás ciudadanos no poseen la inteligencia suficiente para saber cuando la operación «asignación» fue hecha con toda la mala fe posible y los receptores estaban conscientes del premio que se les entregaba. Por tanto, el que en esa ocasión calló, otorgó su anuencia al recibo de los mismos y hoy no puede alegar ignorancia, o no ser culpable del hecho en cuestión.

La práctica de la utilización de parte de la Policía Nacional de los vehículos decomisados, o sin el pago de los impuestos aduanales podría calificarse de delincuencial. En una ocasión, un abogado norteamericano que no había pagado los impuestos de una camioneta que trajo al país y que se encontraba depositada en el Plan Piloto, nos llamó asombrado, cuando pagó el impuesto y comprobó que su camioneta había sido utilizada para toda clase de servicios. Nos expresó, si eso sucede en los Estados Unidos de América, el jefe policial que ordenó el empleo del vehículo sin consentimiento de su propietario, sería cancelado de inmediato y obligado a reparar los daños ocasionados por el usufructo y devaluación del mismo.

Pretender justificar lo injustificable, con sofismas o argumentos trasnochados es pretender se exonere de culpa a aquel que cometiendo un robo, por el hecho de devolver la cosa apropiada, se le exonere del delito cometido. Si se llegase a sentar un precedente de esta índole, pobre República Dominicana, porque hasta ese día sería independiente.

Creemos que lo más justo sería, que los propietarios de los vehículos despojados reciban de parte de los usufructuarios, una compensación monetaria equivalente al doble del valor real del vehículo al momento de su sustracción, sea esta por parte de «especialistas uniformados», o de ladrones reales, aunque para nosotros, no debe existir diferencia entre unos y otros. La justicia dominicana tiene la ocasión de reivindicar todos los desafueros cometidos en un ominoso pasado y que se establezca, que desde ahora en adelante, los vehículos por cualquier causa que deban ser decomisados, deben mantenerse en un lugar seguro hasta que su suerte sea decidida por los tribunales. El cuerpo del delito hasta ahora, se había no sólo utilizado, sino que en muchos casos desaparecido. Gracias a jueces responsables, se acabaron los privilegios.