Me informan que es inminente la persecución judicial en contra de funcionarios del PPH que serían acusados de la comisión de actos dolosos en desmedro del Estado durante el desempeño de sus funciones.

Y que las iniciativas necesariamente no vendrían del doctor Leonel Fernández y el equipo de hombres y mujeres que lo acompañaría a partir del 16 de agosto en la administración pública, porque hay instituciones, personalidades y gente sencilla del pueblo que se encargarían de instrumentar expedientes, con las supuestas pruebas en cada caso, para los procesamientos judiciales correspondientes.

Quien suscribe apoyaría sometimientos judiciales contra todos aquellos ciudadanos que hayan hecho un uso inadecuado de los recursos del erario mediante su paso por un organismo del Estado. Lo veo como algo normal y, además, muy correcto. Pero, es de aclarar, cada imputación debía de contar con las pruebas necesarias, para así no caer en difamaciones destinadas a dañar y sepultar reputaciones.

La sociedad dominicana siempre ha demandado castigo en contra de servidores públicos de los más altos niveles que se han apropiado de los dineros del contribuyente, pero todavía ningún gobierno ha tomado precedentes ejemplarizadores, auspiciando procesamientos judiciales serios e independientes a retaliaciones políticas o personales.

El profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962 con un astronómico 59 por ciento, el porcentaje más alto obtenido por candidato presidencial alguno en un proceso electoral democrático, tuvo la oportunidad de llevar a la justicia a los remanentes trujillistas, pero cometió el error de plantear el famoso «borrón y cuenta nueva», favoreciendo así a personas que siete meses después se encargaron de darle un golpe de Estado.

Don Antonio Guzmán Fernández, ganador de la contienda electoral de 1978, con un 52 por ciento de los votos (votos muy mal contados, por cierto, por las graves irregularidades comprobadas), cometió el mismo error de Bosch, al hablar de «borrón y cuenta nueva», dejando en la impunidad a millares de crímenes políticos del abusador gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer.

Ese mismo Balaguer, que auspició asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y deportaciones, que admitió que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, pero sin nunca haberla castigado, fue capaz, así sin moral alguna, de meter a muchas personas presas, al ascender nuevamente al poder político en el año 1986. Ese proceso pudo verse como ejemplarizador, por el castigo recibidos ((en algunos casos!) por personas que posiblemente cometieron errores, pero hubo un volcán de pasiones políticas y deseo de inhabilitar moralmente a líderes y hasta al propio PRD como institución. Ahí fue que todo se dañó y las opiniones estuvieron divididas.

Parece que ahora, con la salida del desacreditado PPH del poder político, se produciría un «corre corre» similar y seguro estoy que la mayoría de la gente lo vería muy bien, sobre todo si se hace de una manera seria, sin ribetes políticos y mediante expedientes bien sustentados. Pero hay que advertir sobre el cuidado en no caer en los mismos errores de 1986, dándoles papeles protagónicos a personas que han vivido del odio y la fabulación (están sonando para importantes posiciones del ministerio público), porque ahí mismo se pierde crédito público en importantes segmentos de la población y se daña todo el proceso.

La oportunidad de adecentar a la administración pública no debe de desaprovecharse en una sociedad que padece tantas necesidades, en término de educación, salud, energía eléctrica, agua potable, viviendas, transporte, alimentación, etc., pero se requiere de una actitud equilibrada en el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ofreciendo las facilidades de lugar para que sus propios funcionarios que cometen actos dolosos sean debidamente procesados. Si actúa en esa dirección, condenando la corrupción venga de donde venga, no habría espacio al alegato de «persecución política».

Es un pretexto infeliz el hablar de persecución política cuando las evidencias de peculado sobran. Es infeliz, además, el apoyo que el PPH daría a las nuevas autoridades desde el Congreso Nacional, porque el mismo, según me informan, estaría condicionado a que los funcionarios del PPH no sean perseguidos.

Los senadores y los diputados del PRD debían de apoyar todas las iniciativas de interés nacional, independientemente de que las mismas provengan o no del gobierno peledeísta. Y si algún legislador se somete a esas condiciones del PPH se está haciendo cómplice sin darse cuenta y posiblemente sin haber obtenido beneficios de presuntos funcionarios del gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Si a partir del 16 de agosto se inicia una persecución judicial (judicial, no política) en contra de aquellos que han dilapidado recursos del erario y demás personas que han cometido crímenes contra el Estado, se estaría sentando un ejemplo de decencia que debía contar con el apoyo de toda la ciudadanía.

Y posiblemente al Partido Revolucionario Dominicano es que más le conviene políticamente este moralizante proceso, con miras al futuro, porque sería una forma de limpiarse y empezar a proyectar sus verdaderos valores, que tiene muchos, pero sin recibir oportunidades hasta el momento, debido al protagonismo del PPH.