¿Persecución política?

ANTONIO PEÑA MIRABAL
Con el apresamiento de los ex-funcionarios del Plan Renove, en su gran mayoría destacados dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, la cúpula de la facción que lidera el ex-presidente de la república, agrónomo Hipólito Mejía, salió en su defensa, argumentando casi todos, que de lo que se trataba era de  persecución política del gobierno del PLD contra el PRD.

Ese grupo de perredeístas que hoy dirige el partido, todavía no aprende la lección que el pueblo dominicano le infringió el pasado 16 de mayo en las urnas. No ha entendido que el PRD y su gobierno pepeachista fueron rechazados, entre muchas cosas, por el alto índice de corrupción que el pueblo percibía de esa gestión. Tanta fue la corrupción que se generó en el gobierno de los últimos cuatro años, que fue su propia Contraloría General de la República quien realizó la auditoría que está siendo utilizada por las actuales autoridades en el expediente del Plan Renove, la cual fue ratificada, en gran parte, por la actual Cámara de Cuentas, también de origen pepeachista-perredeísta.

Pocos en el país le creen a los que salieron a defender a los acusados de corrupción del Plan Renove. Eso de la persecución política es un argumento destemplado utilizado con frecuencia con el propósito de encubrir acciones reñidas con la ley y las buenas costumbres. Ni siquiera existe en las autoridades la intención de dañar la imagen pública de los apresados, porque la ciudadanía se enteró de que este expediente estaba en movimiento, por el comportamiento que exhibieron algunos de los apresados, que mostraron una desesperación inexplicable ante la decisión de las autoridades del ministerio público. A diferencias del pasado, en esta ocasión el Fiscal Anticorrupción no anunció con anticipación en los medios de comunicación, la acción que se llevaría a cabo. Es más, la población ni sabe quien es el director del DEPRECO, por su poca presencia en los medios de comunicación, distinto a su predecesor, que no salía de estos. Entonces, ¿de qué persecución política es que se quiere hablar?

Esa parte del PRD que pretende desvirtuar la realidad de lo acontecido en torno al Plan Renove, le hace un flaco servicio al fortalecimiento del sistema democrático del país. El PPH-PRD no puede interferir en el papel que le corresponde jugar a la justicia. Deben dejar que sea esta quien determine la culpabilidad o no de los implicados en el escándalo. Con la actitud de querer empeñar el proceso creen que conseguirán que la sociedad deje de señalarles. Si el juez que está actuando en el caso, que por cierto confesó su pasada militancia perredeísta, no hubiese encontrado indicios de culpabilidad en los acusados, no hubiera dictado arresto domiciliario contra uno de ellos, impedimento de salida contra todos y fianzas para salir en libertad a otros. Esa decisión del juez indica que encontró irregularidades en el expediente, por tanto señores del PPH-PRD, no es cuestión de persecución política, es que le expliquen al juez y a la sociedad dominicana, el manejo que se le dio a ese programa que pretendía mejorar el sistema de transporte público del país.

Hay quienes ya se muestran pesimistas sobre el curso que tomará este nuevo expediente de corrupción que involucra a ex-funcionarios públicos, y ya están anunciando impunidades anticipadas. La clase política nacional debe ser la más empeñada en que este caso llegue a su final, independientemente de los resultados. En la medida que se embarra el proceso y se desvirtúa la acción de la justicia, en esa misma medida se sigue desprestigiando la clase política nacional, lo cual atenta contra su existencia misma. A quien más le conviene que el expediente Plan Renove llegue hasta las últimas consecuencias, es al propio PRD, porque es la gran oportunidad que tiene ese partido para ir limpiando su matrícula. De su parte, el gobierno debe hacer un  gran esfuerzo para impedir la politización del caso, de tal forma que su autoridad moral no se afecte, debido a los demás expedientes de corrupción que la sociedad dominicana está esperando.

Si el gobierno del Dr. Leonel Fernández y del PLD hubiesen tenido intenciones de producir retaliación política contra el PRD y el PPH, quien fuera Procurador General de la República en vez del Dr. Francisco Domínguez Brito fuera otro destacado abogado de los tribunales del país, aliado del PLD en las pasadas elecciones presidenciales, y con basta experiencia en sometimientos judiciales contra ex-presidentes de la república.