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El proceso de persecución judicial ante el delito de fraude eléctrico es muy engorroso y muchas veces las empresas distribuidoras de energía prefieren negociar directamente con los infractores antes que llevar un caso a los tribunales.
Al hacer esa acotación, el presidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica (ADIE), Tito Sanjurjo, señaló que el esquema de implementación de la Ley General de Electricidad en caso de fraudes es un poco difícil, por lo que cree que hay que hacer ajustes para hacerlo más práctico.
Sanjurjo recordó que el fraude y el robo eléctrico constituyen casi la totalidad de la energía que se deja de cobrar y que se estima es el 40 por ciento de la producción.
En seis años se implementación de la Ley General de Electricidad, hasta el momento sólo una persona ha sido condenada en los tribunales por robo de electricidad, pese a la extendida práctica.
