MANAGUA (AP).- Los 31 países signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobaron un plan de acción de 25 puntos contra ese flagelo que origina la pobreza de 150 millones de latinoamericanos.

Acordaron entre otras cosas legislar para negar asilo a corruptos, facilitar su extradición y abolir el secreto bancario. «Hemos hecho muchos progresos y haremos más en la próxima reunión» programada para el próximo año en Argentina, dijo a la AP el viernes por la noche el representante de Estados Unidos John F. Maisto.

Admitió sin embargo que hubo «una discusión muy nutrida sobre lo que dijeron los presidentes en (la cumbre de) Monterrey (en enero) sobre si hay problema en un país determinado para el cumplimiento de los compromisos contra la corrupción y en favor de la transparencia».

Propuso que en la reunión de Argentina los presidentes declaren que la adhesión a los «objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción es una condición esencial para la presencia en las cumbres».

La delegada de Venezuela Denia Medina dijo a la AP que esa misma propuesta estadounidense ya había sido rechazada en Monterrey por los jefes de Estado.

«Nosotros aquí lo que hicimos fue reiterar esa posición», dijo refiriéndose a la intensa discusión que hubo sobre el tema.

Finalmente, la reunión declaró que se deben «hacer consultas» cuando los compromisos sobre corrupción «se vean seriamente comprometidos en cualquiera de nuestros países».

La declaración de Managua dice que los Estados miembros se comprometen «en combatir la corrupción y la impunidad que socavan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos».

Agrega que «atenta contra la democracia y la gobernabilidad, debilita las instituciones, comprometen el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política».

Asimismo, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a las instituciones financieras internacionales para que sigan apoyando a los Estados comprometidos en combatirla.

Demanda también que las autoridades nacionales colaboren mutuamente para la captura, detención preventiva y extradición, así como la investigación y proceso para presuntos responsables de actos corruptos.