Todo apunta que Punta Catalina no producirá energía durante el presente período constitucional, y, si la produce, no llegará barata a consumidores como prometiera el Presidente Medina; lo cual representaría el gran fracaso del gobierno al tratarse de su proyecto insignia.
Y como para favorecer a ODEBRECHT ha desbordado parámetros prudenciales posibles, en una especie de huracán que ha desnudado nuestras debilidades institucionales, disponemos mucha tela por dónde cortar.
Por eso constituye una debilidad incomprensible que sectores reclamantes aparenten rendirse ante flexibilizaciones de la coerción impuesta por jurisdicciones competentes, cuando lo procedente, ahora como nunca, es perseverar.
Alrededor del caso giran graves acusaciones: violaciones a procedimientos de contratación legalmente establecidos, localización en terrenos no estatales, sobrecostos, adelantos pagados no descontados, sobornos admitidos nacional e internacionalmente, lavado de activos, ofertas financieras fallidas por ficticias, asociación de funcionarios para encubrirse, contaminación ambiental restrictivo de sanos financiamientos internacionales, etc.
Para colmo, el consorcio formula enormes reclamos financieros que el gobierno simula desestimar previéndose recurrencia a arbitrajes internacionales en los que ordinariamente perdemos.
Todo conduce a demorar terminación del proyecto y/o a su terminación bajo administración privada, descartando así las posibilidades de la prometida energía barata a consumidores.
Por eso resulta extraño que sectores reclamantes de un mejor uso de recursos públicos focalizados en ODEBRECHT, corrupción e impunidad, parecieran resignarse y/o rendirse ante flexibilizaciones de las medidas de coerción a imputados vinculados al caso conforme el torpe y deliberadamente débil expediente sometido por la PGR. Conviene precisar que esta flexibilización no significa descargo de culpa y pena de los imputados, lo cual será materia de dilucidación en el correspondiente juicio de fondo.
Sobre las costillas de los imputados seguirán gravitando todo lo precedentemente enumerado que conducirá al menos a sanciones morales y sociales por encima y precedentes a las eventuales sanciones judiciales a imponer.
Y como esas plantas y su contratación contienen muchas aristas denunciadas por reputados profesionales e incluso insinuados por la propia Comisión Presidencial creada para barnizar los entuertos cometidos; en ese juicio de fondo podrán evidenciarse rasgados efectuadas por las tijeras internacionales y nacionales que hasta ahora han forzado al mantenimiento de agenda del caso.
Incluso en la medida que el gobierno siga inscrito en sus artimañas para diluir y/o demorar el caso, los efectos políticos serán inconmensurablemente mayores que los causados por fenómenos atmosféricos como los que nos han venido amenazando.
Pero para ello hay que perseverar en los reclamos iniciados, sin rendirnos ante las artimañas presentadas y que presentaren las autoridades; puesto que, al tenor de la admonición evangélica, es con perseverancia que se alcanzan frutos. (Mt. 24.13).