POR PASTOR VASQUEZ
A seis meses de la salida del presidente Jean Bertrand Aristide, la sociedad haitiana continúa atravesando por diversos conflictos. Huelga de policías, enfrentamiento entre estamentos elites de la Policía Nacional, amenazas de los ex-militares que desean la restitución del Ejército, rebeldía de grupos armados que se resisten al desarme y presión de los grupos de derechos humanos, es el panorama que vive hoy Haití.

A tal situación se agrega la ruptura entre el gobierno del primer ministro Gerard Latortue y los grupos políticos que presionaron la caída de Aristide.

Pese a la presencia en Haití de tropas de las Naciones Unidas, la inseguridad crece cada día y los esfuerzos del gobierno por desarmar a los grupos rebeldes han encontrado una férrea oposición de parte de los ex militares que participaron en la rebelión contra el régimen del partido Familia Lavalás.

La situación se está tornando tensa a medida que se acerca septiembre, plazo límite dado por el gobierno a los rebeldes para que entreguen las armas.

Diversos sectores de la sociedad han criticado a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTHA), por la lentitud para tomar el control total del país, pues los rebeldes controlan el Departamento Central, que hace frontera con la República Dominicana.

El fin de semana los rebeldes del Departamento Central, que están bajo las órdenes del antiguo sargento Joseph Baptiste, secuestraron a cinco agentes especiales de la Policía que fueron enviados a explorar la zona controlada por grupos armados.

Los agentes, que fueron secuestrados en la sección de Morne-Cabris, fueron liberados el pasado martes.

«Los antiguos militares nos golpearon y se apoderaron de nuestro vehículo y nuestras armas», explicaron los agentes policiales.

Acusaron al jefe de la Policía, León Charles, y al director de la Policía Administrativa, Destourel Germain, de estar detrás de tal acción, con la intención de crear un clima favorable para la restitución de la armada.

De acuerdo con un despacho de la Agencia Haitiana de Prensa, los agentes especiales, pertenecientes a la Compañía de Intervención Rápida y Mantenimiento del Orden (CIMO), se declararon en huelga para pedir la destitución del jefe de la Policía por entender que quiere hacer desaparecer la institución para formar el Ejército, que fue desmantelado en 1995 por Aristide.

A esa huelga se agrega un movimiento de protesta desatado la pasada semana por agentes policiales que reclaman un 60 por ciento de aumento en sus salarios.

En Puerto Príncipe, el pasado fin de semana cientos de antiguos militares desafiaron el Gobierno y desfilaron frente al Palacio Nacional con sus uniformes para reclamar que sea restituida la armada, tal y como lo prevé el artículo 264 de la Constitución de la República.

El capitán Rémicinthe Ravix, líder de los ex-militares, exhortó a todos los soldados a retomar los cuarteles para constituir la armada.

Dijo que los ex-militares no cumplirán el ultimátum dado por el gobierno para que entreguen las armas antes del 15 de septiembre.

Reclamaron, además, diez años de salario que supuestamente les debe el gobierno por haber destruido ilegalmente las Fuerzas Armadas.

De inmediato, el jefe militar de la MINUSTAH, el general brasileño Augusto Heleno Ribeiro, manifestó que desplegó sus tropas para evitar que los ex-soldados haitianos retomen sus antiguos cuarteles.

Manifestó que es el gobierno el que tiene que tomar una decisión política para tratar el dossier de los ex-militares.

CRISIS DE CREDIBILIDAD

El gobierno de Latortue, que hasta hace algunos meses contaba con el total apoyo de Washington, se anotó un revés luego del cuestionado proceso en el que fueron absueltos el capitán Jackson Joanis y el líder paramilitar Louis Jodel Chamblain.

El gobierno de Georges Bush manifestó su preocupación por la liberación de Chamblain y Jonis, quienes están acusados del asesinato del empresario lavalás Antoine Izmery.

Izmery, un empresario haitiano-libanés, pionero en la industria del fósforo, fue asesinado el 11 de septiembre de 1993, tras ser sacado de la Iglesia Sagrado Corazón de Turgeau.

«Nosotros sentimos enormemente la precipitación con la cual esos casos fueron revisados, en un procedimiento que trae dudas sobre la integridad del proceso», dijo Adam Ereli, portavoz de la Casa Blanca.

El escándalo judicial ha mellado la credibilidad del gobierno, pues de inmediato los grupos de derechos humanos denunciaron una componenda entre el gobierno y los grupos de antiguos militares que accionan en diversos puntos del país.

La Fundación 30 de Septiembre denunció que Chamblain y Joanis, quienes estaban condenados a cadena perpetua, fueron absueltos por gestiones del ministro de Justicia, Bernard Gousse.

Sin embargo, los prisioneros fueron mantenidos en prisión, pues tienen otro juicio pendiente por la masacre de Raboteau, ocurrida en 1994, donde murieron decenas de partidarios del expresidente Aristide, entonces en el exilio.

Amnistía Internacional acusó al gobierno interino de complicidad con los violadores de los derechos humanos.

CRISIS EN EL CONSEJO ELECTORAL

El Consejo Electoral Provisional, que está encargado de organizar las elecciones presidenciales, previstas para el próximo año, está virtualmente dividido, debido a que los demás miembros acusan a la presidenta, Rose-Laure Julien, de haber nombrado a los empleados unilateralmente.

Los enfrentamientos entre los miembros del CEP, integrado por nueve personas escogidas por consenso, han generado desconfianza entre los partidos políticos, que consideran a la institución no apta para organizar el proceso.

PANORAMA POLITICO

Desde hace meses Haití vive una recomposición de las fuerzas políticas, pues la coalición Convergencia Democrática, que lideró el intelectual Gerard Pierre Charles, se desintegró una vez logrado el objetivo del derrocamiento de Aristide.

Ahora se vislumbra la formación de un gran partido socialista, integrado por la Organización del Pueblo en Lucha, de Pierre-Charles, el Congreso de los Movimientos Democráticos (KONAKON), del profesor Víctor Benoit, y el Partido Nacionalista Progresista (PANPRAS), de Serges Gilles.

De otro lado, están el Congreso de la Unidad Democrática (KID), que dirige el ex-alcalde de Puerto Príncipe, Evans Paul, quien aspira a la Presidencia de Haití. Paul se alejó temprano de la Convergencia para fortalecer su proyecto.

Otro proyecto que ha generado mucha simpatía es el del ex-presidente Lesly Manigat, quien se proclamó candidato a la Presidencia por el partido Asamblea Popular Democrática (RDNP, siglas en creole).

También, los empresarios agrupados en el Grupo-184, que dirige el industrial Andy Apaid, está formando su proyecto aparte para lanzar un candidato a la Presidencia.

Hasta ahora no está claro si los rebeldes, que decidieron convertirse en partido político bajo el nombre Frente de Resistencia del Norte, participarán en las próximas elecciones.

Al ex-oficial de policía Guy Philippe, líder de los rebeldes, se le ve como una figura con mucha simpatía en la población, pero de poco futuro político debido a su inclinación por las armas.

Los haitianos de la diáspora, que tienen una gran incidencia en la vida haitiana, por su poder económico, son representados por el industrial Gorges Sami Saati, del Movimiento de Unidad Nacional (MOUN), quien aboga por un nuevo contrato social.

Pese a que la interdicción impuesta en la Constitución de 1987 contra la familia Duvalier y sus colaboradores para participar en la vida política, terminó en 1997, aún no se tiene seguro si el ex-dictador Jean Claude Duvalier se animará a retornar a Haití para participar en la política.

LOS CAMBIOS

El gobierno de transición ha obtenido logros significativos en la economía, como la estabilización del dólar con respecto al gourde (35 por uno), la dinamización de las recaudaciones fiscales, que era un desorden, la rehabilitación de los puertos, la restauración del servicio energético y la estabilidad del precio de los combustible (el galón de gasolina está a 95 gourdes).

También, la administración de Latortue ha obtenido un gran logro en la gestión externa, con el desbloqueo de más de 500 millones en ayuda de los organismos crediticios internacionales y la donación de alrededor dos mil millones de dólares de los grandes países para la restauración del país.

La administración Latortue plantea trabajar en el levantamiento de la infraestructura vial y en la construcción de escuela, que fue uno de los más grandes logro de los Presidente René Preval y Aristide.

El Primer Ministro firmó el jueves diez contratos para la reconstrucción de las calles de Puerto Príncipe y Petión Ville.

Además, el Gobierno plantea iniciar a más tardar en diciembre la construcción de la ruta Cabo Haitiano-Dajabón, que estaba en proyecto a la salida de Aristide.