Río de Janeiro
EFE
La figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el Gobierno de Dilma Rousseff y la Justicia.
Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.
Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de “limbo” y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción. Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.
El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.
El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y a la económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.
El acoso al Gobierno de Rousseff avanzó ayer con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula. .