La sociedad dominicana ha sido agredida en Santiago de los Caballeros por un juez que libertó provisionalmente a un acusado de feminicidio que con crueldad mató a una mujer casi en presencia de sus pequeños hijos. Por su característica este hecho motivaría alguna sanción como para tranquilizar al país. Merece reconocimiento aparte la fiscal Berenice Reinoso por negarse a acatar el fallo por improcedente y mal fundado. No todas las levedades y equívocas decisiones que toman tribunales hoy en día impactan con escándalo a la opinión pública. Se extiende, sin embargo, una preocupación por la forma en que regularmente se aplica al Código Procesal Penal aún cuando eminencias jurídicas lo defienden como un instrumento que correctamente interpretado sería de más utilidad contra el crimen.
La reincidencia es común y las noticias sobre asesinatos y asaltos dan a conocer muchas veces la participación de delincuentes que prácticamente acababan de salir de la cárcel gracias a condescendencias de magistrados, algunos de los cuales han abusado además de la facultad de revisar, a espaldas de la opinión pública y de las partes civiles, fallos sobre asuntos que se consideraban definitivamente juzgados. Existe la impresión de que se cometen omisiones en el propósito de garantizar los derechos de los acusados y que la flacidez sienta reales en áreas de la Justicia con la contribución de expedientes mal formulados.
Los consensos de corta duración
Las ya episódicas modificaciones al proyecto de ajuste impositivo original que cursa en el Congreso han logrado que el rechazo de los contribuyentes cambie una y otra vez de procedencia. A cada grito lastimero de algún sector señalado para pagar más impuestos, la reacción de los componedores legislativos de entuertos ha sido la de proponer la misma carga para otra área de la economía. A los bancos comerciales les ha tocado unas veces sentirse resignados a los gravámenes. En otras, no.
Transcurrido el episodio de turno de la pesadilla impositiva cabe siempre esperar que surja un nuevo rechazo que obligue a buscar otro consenso, en un país ultra sensible a la presión fiscal con alta evasión y una mayoría de negocios informales situados al margen de la tributación. Un país en el que además siempre estamos llenos de dudas sobre la forma en que será usado el dinero que damos al Fisco.