Persistencia de los feminicidios

Con 35 asesinatos de mujeres en el primer trimestre del año, alrededor de uno por semana, y numerosos niños dejados en orfandad en 90 días por tales hechos, se reafirma que República Dominicana sigue siendo el tercer país con más feminicidios en la región. Persiste una elevada deuda de protección a la vida contraída con la población femenina. Aun cuando existen organismos que se ocupan directamente de esta violencia, de que operan algunos refugios para mujeres amenazadas, se dictan ordenes de alejamiento que no detienen lo peor y se envían hombres agresivos a cursos de reeducación, la sociedad sigue flagelada por armas de fuego y puñales que destruyen vidas consuetudinariamente bajo el ímpetu posesivo de machos que se arrogan con brutalidad el derecho a poner fin a vidas ajenas.

En medio de preocupaciones por tantos actos contra la integridad física que llegan a ciudadanos de cualquier categoría, es necesario enfocarse con empeño en la epidemia de muertes y lesiones que se registra en mujeres. Condicionantes culturales que sustentan una falsa superioridad masculina asuelan el pueblo dominicano. Las tasas de males infligidos por conductas así impulsadas denuncian como insuficientes los esfuerzos y métodos puestos en uso para reducir, al menos sustancialmente, la racha criminal de hombres contra mujeres, agregada a otros efectos de la gran desigualdad.

Acciones con arma diferente

El mal fronterizo que engloba hambre, contrabando, tráfico de personas para ganarse la vida y debilitamiento de la dominicanidad por la migración interna, no tiene en los fusiles y tropas efectivo remedio. El déficit de desarrollo material y humano ha tenido mucha vigencia junto a un país que da muy poco a sus pobladores y los empuja a desconocer límites con ayuda criolla.

El programa “Prorural, Inclusivo y Resiliente” que con financiamiento europeo pondrá en marcha en julio la Dirección General de Cooperación Multilateral busca llegar a las raíces de la pobreza en la franja limítrofe. Invertirá cerca de mil millones de pesos para la seguridad alimentaria y nutricional de las familias sin basarse en llevar comidas a las bocas fronterizas, sino en enseñar e incentivar participaciones en la vida productiva con metas de exportación.