La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha sido bastante celosa en hacer cumplir la ley 340, que justifica su existencia. Su nombre fue el primero en llegarnos a la mente al conocer la reiteración de la vieja denuncia del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), acerca de que todavía hay instituciones públicas, entre ellas la mayoría de los ayuntamientos municipales, que recurren a las compras y contrataciones grado a grado.

Las contrataciones al margen de las licitaciones se prestan a favoritismo que privilegia a algunos y perjudica a muchos, entre ellos los ingenieros. Según el CODIA, el Gobierno Central solo ha licitado la construcción de escuelas para la tanda extendida y los centros de atención primaria, y solo hacen concursos los ayuntamientos de Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

La ley 340 tiene la finalidad de garantizar la transparencia en las compras y contrataciones del Estado y evitar actos de corrupción y discriminación injustificada. Los directivos del CODIA deberían acercarse a Dirección General de Contrataciones Públicas y aportar pelos y señales de los casos de obras adjudicadas de grado a grado por instituciones del Gobierno Central y ayuntamientos. Hay que dar un paso adelante para imponer la transparencia.

Láser:  peligroso en malas manos

Apuntar rayos láser hacia aviones en vuelo, en fase de despegue o de aterrizaje, constituye una práctica que, sea por sadismo o por inocencia, pone en peligro muchas vidas humanas. Se han registrado incidentes de este tipo en las inmediaciones de los aeropuertos Gregorio Luperón, de Puerto Plata, y El Higüero, en Santo Domingo. El caso más reciente fue el de un avión de Jet Blue cuyo piloto tuvo que alterar una rutina de aterrizaje en el aeropuerto Las Américas al resultar cegado momentáneamente por una luz de esta naturaleza.

Quienes se estén dando a esta práctica, sean adultos malintencionados o niños inocentes, deben descontinuarla y entender que están poniendo en riesgo vidas humanas. Las autoridades deben disponer los medios para detectar la procedencia de estos rayos y aplicar lo que indica la ley.