Las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, motora o intelectual no existen en nuestro país, no hay programas ni condiciones de infraestructura física pensadas para  su desarrollo.

Los derechos de estas personas al acceso a una educación en condiciones de equidad, trabajo, seguro social, pensiones y justicia son negados por la sociedad. Las calles, avenidas, edificios, oficinas escasamente están construidas para su movilización en ellas.

Observando nuestra realidad social encontramos múltiples formas de discriminación y violación a los derechos de las personas discapacitadas. Algunos de estos casos son:

1. Indigencia y mendicidad. Todos los días nos encontramos en las calles de las distintas ciudades y pueblos a personas discapacitadas que no tienen pensiones ni están insertas en ningún programa de ayuda social. Se encuentran pidiendo limosnas, durmiendo en la calle, recogiendo botellas y cartones para su subsistencia. En muchas comunidades familiares y vecinos son quienes los cuidan y atienden asumiendo el rol del Estado. Vemos a mujeres en las calles cargando a niños y adolescentes que no tienen movilidad corporal, no tienen recursos para movilizarlos en sillas. Mientras el Estado es indiferente sin políticas ni programas de seguridad y desarrollo para esta población. 

2. Apresamientos de personas con discapacidad mental. Llama la atención que en nuestro país se desarrolle un proceso judicial en contra de una persona que no se encuentra en la totalidad de sus facultades psíquicas y mentales como ocurrió recientemente con el joven al que se le había diagnosticado esquizofrenia paranoide; fue enviado a prisión con una condena de cinco años y lo mató un militar en la cárcel de La Vega.

3. Violaciones sexuales. Son muchos los casos de mujeres y niñas discapacitadas o con síndrome de Down víctimas de violaciones sexuales. El caso reciente de Ana María es una doble violación a sus derechos y al de su madre. Ana María, una joven con síndrome de Down, fue violada y quedó embarazada. Su madre intentó realizarle un aborto llevándola al hospital y se lo negaron. ¿Cómo puede una joven en esas condiciones traer vida, cuando la de ella es tan vulnerable?

¿Cuántas familias como las de Ana María tendremos en los próximos meses  y años como consecuencia de la aprobación del artículo 30?

La situación de los derechos y de la vida de las personas discapacitadas en la sociedad dominicana es muy precaria. El Estado debe asumir responsabilidades claras y formular políticas sociales que tomen en cuenta a esta población no desde la perspectiva del asistencialismo y las “donaciones caritativas” sino de cara a generar opciones para su desarrollo y romper con la exclusión e invisibilidad en que viven.