Particulares, civiles y militares, empleados del Consejo Nacional de Drogas (CND) ocupan viviendas suntuosas incautadas a personas acusadas de narcotráfico, denunciaron ayer siete entidades que trabajan en la prevención del consumo de drogas y la rehabilitación de adictos.

Hogar Crea Dominicano, Fundación Faro de Esperanza, Casa de Restauración, Reto a la Juventud, Teem Challenge Internacional, El Mesón de Dios y Casa Abierta se quejaron de que mientras a ellos se les desaloja de los locales prestados donde funcionan, el CND asigna a particulares casas, vehículos y equipos incautados a personas acusadas de narcotráfico.

Como ejemplo dijeron que el pasado 25 de mayo fue desalojado en forma compulsiva y sin ninguna evidencia de legalidad, el centro de tratamiento para jóvenes adictos El Mesón de Dios, en Herrera.

En una carta pública, copia de la cual fue enviada a este diario, las entidades dijeron que mientras el presidente del CND, Bonaparte Grautreaux Piñeyro justifica la «embestida» en su contra, empleados del organismo se reparten los bienes incautados como si se tratara de un «botín de guerra».

«El mismo CND se ha autoasignado una de las viviendas para su club social», dicen los denunciantes.

Redactores de HOY acudieron a la sede del CND en busca de una reacción de Gautreaux Piñeyro, pero su relacionista, Adonis Díaz, dijo que este respondería por escrito.

Las entidades que trabajan en la prevención del uso de drogas expresaron que no discuten la entrega de las casas a sus propietarios, si la justicia así lo ha determinado, empero, solicitan que no se les condene a una casi segura desaparición, al sacarlos de los locales donde funcionan y que les fueron prestados por el CND que ahora se los quiere quita sin darle ninguna otra alternativa.

Acusan a Gautreaux Piñeyro de retirar el apoyo a las instituciones especializadas en la prevención y tratamiento de las adicciones. Precisaron que durante esta gestión se les retiró una asignación que desde 1989 el CND les entregaba a algunas entidades.

Manifestaron que el funcionario se muestra muy dipuesto a cumplir la ley, cuando se trata del desalojo de las instituciones que luchan contra las drogas, bajo el argumento de la cosa definitivamente juzgada.

«Pero se olvida que el caso Luis Horacio Cano lo es también y que de éste el CND, en violación a la ley, nunca nos ha entregado el 15% de los RD$19.1 millones, equivalente a RD$2,850,000 que por ley nos corresponde», alegan en el documento.

Afirmaron que nunca han recibido el 15% de los recursos que desde 1988 se han acumulado por la aplicación de la ley 50-88, que además de los ingreso por casos definitivamente juzgados, establece otras fuentes, como son las multas y certificados especiales para la prescripción de medicamentos controlados.

Adujeron que el trabajo que realizan es una labor que no está realizando el Estado dominicano y que apenas reciben un apoyo económico mínimo de algunas instituciones.

Agregaron que por ley el CND debe ser el principal soporte al trabajo que realizan, pero que en cambio viola lo establecido en las leyes y desconoce acuerdos suscritos con esas entidades.

Destacaron que constituyen el único recurso conque cuenta la sociedad dominicana para atender el creciente flujo de personas afectadas por el problema de las drogas.