Associated Press (AP), la agencia estadounidense de noticias, publicó hoy una crónica titulada «Personas sin acta de nacimiento serán inmigrantes» y que trata sobre la oficialización del Reglamento de Aplicación de los capítulos II y III de la Ley 169-14, la cual establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre Naturalización.

A continuación la crónica de AP

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El presidente dominicano oficializó por decreto un polémico reglamento para que en 90 días todas las personas nacidas en el país de padres inmigrantes, y que nunca fueron inscritas en el registro civil, sean declaradas extranjeras y comiencen a regularizar su estatus migratorio.

“Este reglamento crea un mecanismo justo para buscar salidas y fortalecer el estatus migratorio” de quienes nunca fueron registrados pese a haber nacido en el país, dijo el jueves José Ramón Fadul, ministro de Interior y cuya institución estará a cargo del proceso.

 El mandatario Danilo Medina suscribió el decreto el miércoles cuando concluyó el periodo de 10 días que el gobierno había abierto para recibir sugerencias sobre la pieza.

 Aunque no existen estadísticas oficiales, diversas organizaciones de derechos humanos han insistido con base en una estimación de Naciones Unidas que la decisión del gobierno afectará a cerca de 200.000 personas, en su gran mayoría descendientes de inmigrantes del vecino Haití.

 El reglamento servirá para poner en marcha una ley aprobada en mayo que busca solucionar la crisis surgida por un fallo del Tribunal Constitucional que en septiembre de 2013 ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007 de padres inmigrantes sin permiso de residencia.

 La ley aprobada en mayo revalida de forma automática la nacionalidad de decenas de miles de afectados siempre y cuando hayan sido inscritos en el registro civil al momento de nacer. Desde que se aprobó la ley, sólo una mujer ha recibido los documentos que le validan la nacionalidad.

Para aquellos cuyo nacimiento nunca fue reportado, muchas veces por la negativa de las propias autoridades de inscribir a los descendientes de inmigrantes haitianos, el nuevo reglamento les otorga un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros y comenzar el proceso de regularización como inmigrantes.

Quienes cumplan con los trámites podrán optar por la naturalización como dominicanos en un plazo de dos años.    “Es sumamente preocupante esta apertura”, dijo el jueves en conferencia de prensa Carmen Herrera, vocera de la asociación de abogados independientes. Criticó que el reglamento cree la posibilidad de que una persona “que dice haber nacido en el país” pueda obtener la residencia y, en solo dos años, la ciudadanía.

 Uno de los requisitos indispensables para registrarse como extranjero es que quienes no están inscritos en el registro civil comprueben con documentos que nacieron en territorio dominicano.

El reglamento “es una cobardía”, consideró esta semana Marino Vinicio Castillo, líder del partido Fuerza Nacional Progresistas, aliado del gobierno y abanderado del proceso de la desnacionalización.

Según Castillo, el reglamento “es peligroso políticamente e históricamente desastroso” porque sentaría “el principio a la destrucción de la identidad nacional” al otorgar la posibilidad de nacionalizarse a los descendientes de haitianos.

La jesuita Red de Centros Sociales, que ha defendido los derechos de los afectados por el Tribunal Constitucional, había pedido que todas las personas nacidas en el país antes de 2010 fueran reconocidas como dominicanas. El Centro Bonó, integrante de ese grupo, había explicado que la normativa provocaría que las familias quedaran dividas entre dominicanos y extranjeros nacidos en el país.

 El vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el presidente del Consejo Europeo habían pedido en recientes visitas a República Dominicana buscar soluciones humanitarias para los afectados por el Tribunal Constitucional.