La aprobación en primera lectura por el Senado de la convocatoria para conocer el proyecto de nueva Constitución del presidente Leonel Fernández tras la promulgación del presupuesto de este año deja poco espacio para una real concertación con los partidos políticos y la sociedad civil.

 Las primeras reacciones ante la convocatoria a una poco definida reunión Cumbre nacional tropieza con una profunda desconfianza en la vocación del gobierno para la concertación y con una larga tradición de burla a los acuerdos y consensos por parte del sistema político.

 La precipitación con que se ha convocado la cumbre para el 28 de este mes y la confusión en cuanto a la metodología a seguir tampoco abonan el terreno para un exitoso abordamiento de las urgencias económico-sociales y las transformaciones institucionales y estructurales que fundamenten el desarrollo nacional.

Confusa convocatoria.  Todavía ayer predominaba la confusión en torno a la metodología a seguir para la “Cumbre por la consolidación y ampliación de la gobernabilidad, la sostenibilidad macroeconómica y el desarrollo económico y social del país”, convocada la semana pasada por el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Económico, Social e Institucional (CESI).

 Al formular la convocatoria el jueves 8 parecía que la Cumbre fijada para el 28 de enero sería la culminación de un proceso más de consulta que de acuerdos, pero en las reuniones celebradas esta semana con diversos sectores, se les ha pedido que presenten no más de cinco temas que integrarán las prioridades a conocerse en el encuentro. Tony Isa Conde, asesor empresarial del Poder Ejecutivo, precisa que será el lunes o martes próximo cuando se entregará oficialmente el procedimiento. Se contempla que la Cumbre establezca mesas de trabajo para establecer acuerdos sobre los temas coyunturales que serían adoptados el 27 de febrero. Desde entonces y hasta junio se buscaría consenso para un “plan de nación”.

 Dirigentes de la sociedad  civil se quejan de la premura con que se pretende abordar los problemas coyunturales, que ahora el gobierno considera “urgentes” después de meses desconociendo los reclamos de medidas para contener la crisis económica derivada tanto de políticas nacionales como de la crisis económica internacional. Se ha dado un plazo hasta el martes 20 para la presentación de las propuestas para enfrentar la crisis, las que deberán entregarse a la secretaría de Economía, lo que no deja espacio para una concertación previa entre organizaciones sociales.

Gran desconfianza.  En el primer encuentro del CESI -mecanismo de consulta con las organizaciones sociales que ha sido inoperante, y cuyo primer consenso para que el gobierno no se embarcara en la construcción del metro fue desechado- predominó la desconfianza y el reclamo de “verdaderas señales” de que esta vez los gobernantes respetarán los consensos.

 Varios de los dirigentes sociales, empresariales y académicos advirtieron       obre la reforma constitucional hubo reiterados consenso en que se realice mediante una Asamblea Constituyente por elección popular y con representación de las organizaciones sociales. Citan el Diálogo Nacional del primer gobierno de Leonel Fernández, la Comisión Especial del gobierno de Hipólito Mejía, el Pacto por la Reforma Constitucional firmado por los tres partidos mayoritarios en el 2001 y la consulta popular que realizó el actual gobierno previo a la elaboración del proyecto que conoce el Congreso, en la cual el 68 por ciento de quienes se manifestaron sobre el tema favoreció la Constituyente.

 Pero lo mismo se citan las leyes incumplidas tras largos procesos de concertación como la que destina el 4 por ciento del PIB a la educación y el 10 por ciento de los ingresos fiscales a los ayuntamientos, la que pauta las contrataciones y compras del Estado, la ley que penaliza el robo de electricidad, la que instituye el Defensor del Pueblo y la ley de austeridad del 2007 entre otras incumplidas.

 El hecho de que se haya convocado el nuevo diálogo tras la aprobación del presupuesto y al margen de una nueva Constitución, y  que se siga ignorando el clamor nacional por un reajuste del gasto, mientras prosigue la repartición del patrimonio público en beneficio de los políticos, parece expresar la poca vocación de concertación de los gobernantes y condenar la Cumbre convocada a una nueva frustración.