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LIMA (AP).- El presidente Ollanta Humala decretó el domingo el estado de emergencia por 60 días en cuatro provincias de la región Cajamarca para restablecer el orden ante una protesta que se opone al proyecto minero Conga de la estadounidense Newmont.
«Al existir la perturbación de la paz y el orden interno y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales anuncio la declaración del Estado de Emergencia en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá», dijo Humala en un mensaje a la nación transmitido por la televisión pública.
Añadió que el gobierno «ha agotado hoy todos los caminos a fin de establecer el diálogo como punto de partida para resolver el conflicto en democracia, la intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales se ha puesto nuevamente de manifiesto y no se han logrado alcanzar acuerdos mínimos que permitan que retorne la paz social». Indicó que su gobierno «tiene la obligación de garantizar la vida, la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y salud y se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada».
El estado de emergencia restringe derechos constitucionales a la libertad de tránsito, de reunión, a la inviolabilidad de las comunicaciones, del domicilio y a ser detenido solo por orden del juez o en flagrante delito. Cajamarca está ubicada en los Andes, a 571 kilómetros al norte de Lima.
El primer ministro Salomón Lerner viajó el domingo a Cajamarca e intentó sin resultados apagar la protesta tras reunirse por siete horas con líderes de la protesta, entre ellos el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos y alcaldes locales.
Lerner dijo que el diálogo se frustró porque los líderes locales no quisieron firmar un acta donde se comprometían a levantar el paro iniciado hace 11 días que dejó aislada y desabastecida a la región Cajamarca del resto del país. Santos dijo a la The Associated Press que continuarán con su lucha y calificó el estado de emergencia como «la peor decisión política» de Humala. Dijo que el gobierno «busca que esto termine en un baño de sangre, pero nosotros no vamos a caer en ese juego».
Milton Sánchez, uno de los líderes locales de la protesta antiminera, dijo a la AP que «vamos a evaluar qué hacer frente a este gobierno que ya se puso de lado de las empresas mineras y se alejó de sus promesas electorales».
«No somos radicales, simplemente lo que ocurre es que el proyecto Conga no tiene legitimidad del pueblo», añadió. El ministro del Interior, Oscar Valdez, quien también está en Cajamarca, advirtió en declaraciones a la televisión pública que si el lunes «se radicalizan las protestas», la policía detendrá a «los dirigentes que cometan delitos». Por la noche en Cajamarca la policía vigilaba las calles sin que se produjera hasta el momento ningún disturbio. «El ambiente esta tranquilo. Hace un par de horas (los manifestantes) estuvieron realizando sus mítines.
Luego salió el pronunciamiento de Humala. A estas horas se están retirando a sus domicilios», dijo el técnico Miguel Vigil, de la comisaría de Cajamarca. «Los ánimos han ido en aumento. Se han creído ganadores», añadió.
El proyecto minero de 4.800 millones de dólares es considerado la inversión más grande en la historia de Perú. Newmont suspendió el martes su proyecto, que requiere destruir cuatro lagunas en Cajamarca para explotar oro y cobre a partir del 2015, aunque la empresa promete que construirá cuatro estanques nuevos.
El gobierno del presidente Ollanta Humala necesita de los impuestos de la minería para la ampliación de sus ambiciosos programas sociales que buscan reducir la pobreza que afecta a un tercio de los 29 millones de peruanos. La minería es el motor económico de Perú y el 61% del total de las exportaciones corresponden a ese rubro. Perú es el segund
