EFE 
Lima.- El Gobierno peruano comenzó hoy a preparar su defensa jurídica para reclamar eventualmente una reparación al Estado por los sobornos de Odebrecht, después de que el exdirector de la empresa brasileña en el país afirmara que entregó una coima de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo.
Mediante sendas resoluciones supremas, el Ministerio de Justicia designó hoy a las abogadas Katherine Milagros Ampuero Meza y Liliana Elizabeth Meza Quito como procuradoras públicas ad hoc, principal y adjunta, respectivamente, en las investigaciones por las denuncias contra Odebrecht.
Las procuradoras ad hoc estarán a cargo de ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones sobre el caso.
El anuncio de la designación de las procuradoras se hizo cuando se prevé inminente el pedido de captura contra Toledo, después de que durante el fin de semana se supiera que el exdirector de Odebrecht en el país Jorge Barata declaró ante la Fiscalía que pagó una coima de 20 millones de dólares al expresidente para adjudicarse la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interocéanica.
En total, Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó a RPP Noticias que la designación de las procuradoras es conveniente porque “busca defender los intereses económicos del Estado, en otras palabras, la reparación civil». “No es que el procurador diga- necesito mil millones de reparación civil porque se hizo un gran daño al Estado, no se trata de decirlo, sino de cuantificarlo y eso implica de pruebas periciales o contables”, añadió Rodríguez.
El magistrado mencionó que los delitos imputados contra Toledo son lavado de activos, colusión, cohecho y soborno internacional y que “es un imposible jurídico que haya prescripción” porque cuando hay un perjuicio contra el Estado, la prescripción se duplica.
Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, declaró que “sería terrible” que cuatro expresidentes sean recluidos en la cárcel por delitos de corrupción, en referencia al exmandatario Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión, Toledo, García y Humala. Los primeros detenidos por el caso Odebrecht son exfuncionarios del segundo gobierno de García y Humala es investigado actualmente por los supuestos aportes a su campaña electoral en 2006 y 2011.
Una hipotética sentencia contra los exmandatarios “demostraría que no hemos sido capaces de institucionalizar un sistema anticorrupción, fuera de que hemos elegido mal siempre”, dijo Pérez Tello al diario Correo. La ministra confió en que Toledo regrese al Perú, “dé las explicaciones que tenga que dar y que responda por las decisiones que tomó».
En tanto, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, declaró que en las acusaciones contra Toledo “no se puede alegar persecución política. Existen pruebas acumuladas por la prensa e instituciones del extranjero”, en alusión a las confesiones de los exdirectivos de la compañía ante la Fiscalía.
La titular del Parlamento agregó que se ha comprobado que “los dineros de Ecoteva (empresa fundada por la suegra de Toledo y su amigo Josef Maiman) se relacionan con las adquisiciones millonarias que se hicieron en el Perú». “En un principio se dijo que eran de otras personas, pero resultó que eran del señor Josef Maiman”, agregó Salgado en entrevista con RPP Noticias.
El exdirectivo de Odebrecht en Perú declaró al fiscal Hamilton Castro que la coima de 20 millones de dólares para Toledo fue depositada en cuentas de Maiman en el extranjero. Toledo ya era investigado desde hace un par de años por las millonarias compras inmobiliarias que hizo en Lima con el dinero de Ecoteva.
