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Por Roberto Cortijo
LIMA, Nov 12 (AFP) – El gobierno peruano presentaría a Chile unos 20 pedidos de extradición por el prófugo ex presidente Alberto Fujimori, teniendo como caso emblemático la matanza de 25 personas en los episodios de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta.
La Procuraduría Anticorrupción reveló que serían unos 20 expedientes los que se entregarían a los jueces a fin de que elaboren igual número de cuadernillos de extradición en un plazo de dos meses.
«Algunos de los expedientes llegará a ese plazo. Espero que sean los casos de violación de derechos humanos y corrupción, que son los delitos más graves imputados a Fujimori y que están listos para su revisión», dijo a la prensa Héctor Gutiérrez, uno de los procuradores.
Aseguró que los expedientes terminados y entregados a Japón refieren a la matanza de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta, y la ilegal entrega de una indemnización de 15 millones de dólares al ex asesor Vladimiro Montesinos.
Además, informó que están avanzados unos siete cuadernillos de los delitos por los que se acusa al ex mandatario de 67 años durante su gestión entre 1990 y 2000.
El ministro de Justicia, Alejandro Tudela, dijo ante el Congreso desconocer hasta ahora cuántos pedidos de extradición del ex presidente Fujimori, detenido en Santiago, presentará Perú a Chile.
«No puedo decir la cantidad de cuadernillos (de extradición) que estarán listos, pero consideramos que en unos 40 a 50 días, desde que se inicia el cómputo de este plazo, los documentos van a estar listos», afirmó.
Para Perú, el caso emblemático será la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, por lo que la justicia peruana le impondría al ex mandatario una pena de 30 años de cárcel.
En Barrios Altos, un sector pobre de Lima Metropolitana, el grupo paramilitar Colina ingresó en 1991 a una vivienda donde se celebraba una fiesta y dio muerte a 15 personas, entre ellas a un menor, creyendo que eran miembros de Sendero Luminoso.
En noviembre de 1992 el grupo Colina secuestró a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad La Cantuta, los acusó de senderistas y les dio muerte.
Aparte del caso emblemático, Perú presentará cuadernillos por rebelión en abril de 1992 cuando dio un autogolpe de Estado, compra irregular de medicina china, homicidio del líder sindical Pedro Huilca, torturas al periodista Fabián Salazar, irregular transferencia de fondos desde los ministerios de Defensa y del Interior al ex Servicio de Inteligencia Nacional.
Además lo acusa de pagar a congresistas tránsfugas, de interceptar llamados telefónicos, torturar y matar a una agente de inteligencia y de torturar a otra agente, entre otros.
La ruta de los cuadernillos de extradición se inicia en la procuraduría y fiscalía, encargada de su elaboración y seguirán hacia el Poder Judicial.
En ese poder, los cuadernillos pasarán por dos filtros: uno compuesto de cinco magistrados, tres de ellos miembros de la Sala Penal Especial del Poder Judicial, que se encargarán de culminar su elaboración y revisión.
El segundo paso son seis magistrados, todos vocales supremos, que aprobarán los cuadernillos y con el asesoramiento de dos jueces de la Corte Suprema a fin de que no quede ninguna duda sobre cada caso.
Una vez aprobado por el Poder Judicial se entregarán al Consejo de Ministros para su revisión y que ordene a la cancillería peruana su traslado a su homóloga chilena a fin de que ésta lo pase al Poder Judicial para buscar la extradición del ex presidente.
