LIMA. AP. Los peruanos tal vez nunca sepan quién disparó la bala que impactó en la cabeza del estudiante César Medina, de 16 años, durante una protesta contra una mina y lo mató casi al instante.  

Medina fue uno de los cinco civiles muertos a tiros la última semana en la región norteña de Cajamarca cuando la policía y el ejército dispararon contra manifestantes opuestos al proyecto aurífero de mayor envergadura en el país.  

Tres recibieron tiros en la cabeza y dos en el tórax, dijo Reynaldo Núñez, director regional de Salud de Cajamarca. Los lugareños dicen que Medina y otra de las víctimas fatales, quien montaba una bicicleta, no participaban en la protesta.  

Las autoridades no han informado quién hizo los disparos fatales, mientras que varios periodistas locales aseguran que fueron las fuerzas de seguridad.  

“La necropsia dice que la bala entró por la sien y salió por el ojo derecho”, afirma Maximila Aguilar, madre de Medina, quien recogió el cadáver de su hijo en la morgue, lo bañó en su casa y lo sepultó el viernes acompañada por más de tres mil personas.   Aunque la policía usa algunos instrumentos no letales como gases lacrimógenos y proyectiles de caucho, su arma más frecuente para controlar manifestaciones son las municiones de guerra 7.62 mm que dispara con viejos fusiles Kalashnikov.  

Activistas de derechos humanos acusan al gobierno de tener un desprecio sin precedentes por la vida en la región y dicen que el uso de la fuerza letal para reprimir a inconformes agravaría la resistencia a los planes mineros que han desencadenado protestas en el país.  

El jefe policial, Raúl Salazar, dice que los agentes tienen como función “mantener el orden con el menor costo social posible”.  

Medina fue muerto mientras la policía reprimía a manifestantes temerosos de que su abastecimiento de agua se contamine o disminuya por la extracción de más de 200 toneladas de oro de la mina Conga, de la empresa estadounidense Newmont.  

Los manifestantes arrojaron piedras y cohetes pirotécnicos a la policía en Celendín, donde Medina murió, pero su madre dijo que su hijo no estaba en la protesta sino que fue asesinado cuando volvía a casa de un café con servicio de internet.  

Desde 2006 las balas disparadas por la policía para sofocar manifestaciones han dejado 80 muertos y más de 800 heridos, según un conteo independiente realizado por la organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).  

“Estas cifras serían un escándalo en el exterior. No hablamos de una comparación con Europa sino con Bolivia, Ecuador, Chile; allá hay protestas pero no tantos muertos”, dijo Jorge Mansilla, investigador de la Defensoría del Pueblo.  

En Bolivia, la policía ha causado la muerte de 28 manifestantes desde 2006, según la organización no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos; y en Colombia los agentes han dado muerte a seis civiles durante protestas desde 2000.  

La Defensoría del Pueblo de Perú tiene un registro de 245 conflictos sociales en el país, en su mayoría disputas sobre la minería en las que predomina el temor a la contaminación del agua. El sector minero representa el 61% de los ingresos por exportaciones y ha sido el motor de una década de crecimiento económico, pero también afecta demasiado las condiciones de vida de los agricultores en tierras altas.  

En un informe en marzo, la Defensoría halló que el entrenamiento con armas no letales para el control de manifestaciones es inadecuado y que el armamento no letal es escaso, de acuerdo con jefes policiales de cuatro regiones entrevistados por el organismo.  

Los autores del informe pidieron más datos, pero el Ministerio del Interior se los negó al igual que a The Associated Press. El vocero del ministerio, Ángel Castillo, dijo que las fuerzas de seguridad cuentan con balas de goma y bombas lacrimógenas en cantidad suficiente “para cubrir las necesidades”.  

La corrupción ha incidido en la escasez de equipo no letal. En junio, el ministro del Interior, Wilver Callem canceló un contrato de cinco millones de dólares por escudos, cascos, máscaras antigás y otros instrumentos, cuando supo que el contratista no le entregaría productos hechos en Estados Unidos sino artículos fabricados en China.  

Las autoridades dicen que sólo usaron balas de goma contra los manifestantes en Cajamarca la última semana, pero sin dar detalles.  

“Con este ataque sangriento (de la semana pasada) nos han mostrado su verdadera cara”, dice Idelso Hernández, un líder campesino de la protesta. “Nosotros cerramos todas las posibilidades de conversación”.  

La Defensoría y la CNDDHH no han encontrado evidencias de que la fiscalía investigue a policías por las muertes de manifestantes o que se hayan pagado indemnización a los lesionados por los agentes.  

Luis Giacoma, un abogado experto en temas de seguridad, dice que Perú “no tiene normas que prohíban el uso de balas de guerra contra manifestantes y que obliguen el estricto uso de armas no letales durante manifestaciones”.  

Actualmente en Perú los policías que “en el cumplimiento de su deber” matan a manifestantes son inimputables según la ley, por lo que muchos agentes no pueden ser llevados ante la justicia en estos casos.  

Pero la impunidad policial aumentaría si se aprueba un proyecto de ley promovido por el legislador Octavio Salazar, un ex jefe de la policía, que propone que los agentes puedan matar manifestantes sin ser enjuiciados en casos de “salvaguardar la libertad personal”.  

Activistas por los derechos humanos creen que el concepto “salvaguardar la libertad personal” en la práctica podría avalar la decisión de disparar contra quienes bloquean una carretera o ingresan a un local público como forma de protesta.  

Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría cuestionaron el proyecto de ley, por lo que el gobierno del presidente Ollanta Humala observó la norma aprobada por el Congreso, pero los legisladores piensan someterla a nueva votación en agosto.  

La abogada española Mar Pérez, quien coordina en la CNDDHH el conteo de las personas muertas por la policía durante manifestaciones, considera que el mensaje de la ley para los policías que reprimen protestas es: “tú mata tranquilo que no te va a pasar nada”.  

En el otro lado, jerarcas políticos y policiales castigan a los agentes que se niegan a derramar sangre.  

En 2008, el general Alberto Jordán recibió la orden del entonces jefe policial Octavio Salazar para desalojar de un puente, usando armas de fuego, a 25 mil manifestantes de la región de Moquegua quienes reclamaban más impuestos por una mina de cobre.  

Jordán se negó y como castigo fue jubilado y sentenciado a 18 meses de cárcel por desobediencia.  

“Te envían a diferentes partes del país y cuando abres los depósitos de las bombas lacrimógenas los encuentras vacíos”, dice Jordan. Por eso la policía usa lo único que tiene a la mano y no sorprende que eso sean fusiles, explica.  

José Vivanco, director para las Américas del organismo activista Human Rights Watch, dice que comparado con otros países “da la impresión de que la policía peruana recurre al uso de la fuerza letal en circunstancias no justificadas y estos casos no son debidamente investigados ni sancionados”.  

Recordó qué distinta fue la reacción del gobierno de Chile en 2011 que destituyó a nueve carabineros, entre ellos un general, cuando un agente mató de un tiro a un joven de 16 años en Santiago durante protestas por cambios en la educación.  

Andy Mazzara, director del Instituto de las Tecnologías de la Defensa No Letales de la Universidad estatal de Pensilvania en Estados Unidos, dice que ningún país puede justificar el uso de munición de guerra para aplacar protestas en la actualidad.  

“El uso de municiones letales en este tipo de situaciones nace de la ignorancia, de la falta de voluntad política y de un desprecio casi criminal por el valor de la vida humana”, dijo.  

En Perú, tres generales de la policía que dirigieron en 2009 la operación más sangrienta de la década sólo fueron sancionados por “omisión del cumplimiento del deber” y ni siquiera tuvieron un solo día de cárcel efectiva.  

Sus tropas dispararon el 5 de junio de 2009 a indígenas que se oponían en la ciudad de Bagua a la minería y a la extracción petrolera en la Amazonía. Murieron 34 personas, entre ellos 24 policías tomados de rehenes por nativos enfurecidos por los disparos policiales.  

Ese día más de 200 peruanos fueron heridos gravemente por las balas de los uniformados.  

Uno de ellos es Filomeno Sánchez, de 63 años, quien era un campesino acaudalado que ahora está en bancarrota.  

Quedó paralítico luego de que una bala de Kalashnikov le impactara en la cabeza. El proyectil sigue en su cráneo pese al paso del tiempo y a las tres operaciones a las que fue sometido. Gastó 80 mil dólares y nunca volvió a caminar.  

Otro sobreviviente es Elmer Campos, quien en 2011 protestaba junto a 3.000 pobladores en las inmediaciones del proyecto minero de Newmont cuando la policía le disparó dos tiros que le destrozaron el bazo, el riñón derecho y lo dejaron paralítico.  

Campos, de 30 años y padre de dos niños, fue operado tres veces sin éxito en Lima. “No sé cómo voy a trabajar; mira cómo me han dejado, no me puedo ni mover”, dice mientras su hermana mayor le cambia los pañales que usa.  

Vive en la casa de un pariente en un barrio pobre de Lima alejado de su esposa e hijos, que no pueden venir a visitarlo desde Cajamarca porque no les alcanza el dinero para pagar un boleto de autobús que cuesta 30 dólares por persona.  

“Ni siquiera entiendo por qué el destino es tan injusto … mejor me hubiesen matado”, dice.   ——   Las periodistas de la AP Vivian Sequera desde Bogotá y Paola Flores desde La Paz colaboraron con este reportaje.