Muchos se preguntan ¿por qué hay tantos automóviles rodando por las calles del país, nuevos y viejos, funcionales e inservibles? Evidentemente la respuesta está en que los gobiernos nunca han estado realmente interesados en desarrollar un sistema colectivo de transporte público. Fruto de una conspiración politiquera, acentúan su negligencia reiterada, convirtiendo al automóvil en una necesidad imprescindible. Forzaron a los sectores medios de la población a adquirir un vehículo para resolver, individualmente, su problema de transporte familiar. Para esta víctima, no ha sido obstáculo que el vehículo fuera 20 años antiguo y, además, contribuyera a la contaminación del ambiente hasta extremos insoportables. Tampoco importa que sus mecanismos fallen cada semana y las piezas de repuesto provengan del robo y saqueo de otros cautivos del sistema. Lo importante es llegar a destino dado que la política oficial en el sector transporte nunca ha alcanzado a la mayoría de la población.

El museo de antigüedades vehiculares que rueda por las calles dominicanas se reproduce y fortalece porque funcionarios públicos y empresarios privados están aliados para aprovecharse de la fragilidad permanente del transporte público. Son socios en la importación de combustibles, repuestos y vehículos. Esto así, las chatarras se multiplican incontrolables. Circulan sin luces, ni frenos, ni documentos, sin hacer casos a las leyes de tránsito hasta convertirse en antros preferidos por asaltantes y carteristas. Mientras, los agentes de tránsito conversan animadamente a la sombra de las estructuras de las megaobras. Este crecimiento del parque automotriz necesariamente ha llevado al aumento de muertos y heridos en accidentes de tránsito creando un lúgubre escenario provocador de más víctimas que la guerra de Afganistán.

Los intentos de colectivización durante casi medio siglo, desde Balaguer hasta el grupo corporativo de Leonel Fernández, no han sido más que coartadas para enriquecer a socios de oportunidad. Balagueristas y leonelistas encontraron un denominador común: la corrupción. Aparentaron la colectivización mientras no generara aceptación popular como un buen servicio. Tan pronto como empezaba a resolver el caos, saboteaban aquellas estructuras hasta desmantelar las llamadas “banderitas”, ONATRATE, OMSA, etc. Comprobado está que los administradores del Estado no están interesados en un sistema de transporte colectivo que sirva eficientemente a las mayorías. Su pasión consiste en levantar megaobras que solo rindan servicio al 2% de la población de la capital dominicana mientras acumulan capitales para construir torres de lujo y residencias fastuosas. Fabricaron costosos “Corredores” y Metro logrando una hazaña que se suponía prácticamente imposible: empeorar la circulación de vehículos y aumentar los tapones de tránsito, hasta hacerlos permanentes durante todo el día y parte de la noche.

Ahora, cuando el tránsito terrestre está en peores condiciones y los sectores medios están totalmente agobiados por un paquetazo fiscal, surge la inexorable Dirección General de Impuestos Internos para multiplicar, exponencialmente, los gravámenes a los vehículos. Nada casual que esta agresión impositiva coincida con el inicio de la construcción de megaobras necesitadas de financiamiento, reviviendo así la aberrante política de Leonel Fernández. Asume la DGII la filosofía del traficante ilegal; premeditada, científicamente planeada, aplicada con asechanza y alevosía. Primero, inducen al ciudadano a comprar vehículos facilitándole todos los procedimientos en cualquier momento del día o de la noche. Tan pronto como el traficante percibe que el consumidor está atado de por vida a su mercancía, esta empieza a escasear y el precio a subir sin que fuerza alguna pueda detenerlo. Como es de esperarse en este país, las autoridades a cargo de combatir este fraudulento mercado se suman a la conspiración que oprime a la ciudadanía. Imitando al traficante ilegal, la Dirección General de Impuestos Internos aumenta exageradamente los impuestos al ciudadano obligado por necesidad a poseer un vehículo. Solo hay que revisar la historia del transporte dominicano para descubrir las peores intenciones políticas en la actual perversidad fiscal.

Vaya el absoluto respaldo de parte de los clase media de este país a un editorial del vespertino El Nacional que dice: “El aumento en el impuesto por renovación de placa o a la circulación de vehículos que aplicará el gobierno a partir de agosto es exagerado, abusivo, altamente lesivo al presupuesto familiar e incompatible con el ineficiente y agobiante servicio de transporte público que se ofrece a la ciudadanía.”

Amén.