NOGALES, México. AP. Adriana Gil Díaz sintió que había cometido el error más grande de su vida al regresar a México cuando escuchó al presidente estadounidense Barak Obama anunciar un plan que protegería a jóvenes como ella de la deportación.   

Luego de residir prácticamente toda su vida en Estados Unidos, adonde fue llevada por sus padres cuando era pequeña, Gil regresó a México hace un año y medio en la esperanza de poder cursar estudios universitarios y no ha sido cobijada por el programa de suspensión de deportaciones pensado para jóvenes como ella.   

“Fue muy triste, deprimente, sentir que estaba tan lejos y que perdí la oportunidad de poder participar en ese proceso”, dijo Gil de 22 años, quien tampoco tiene forma de ingresar legalmente a Estados Unidos y quedará al margen de una reforma a las leyes de inmigración que busca regularizar el status de millones de personas que viven sin autorización en el país del norte.   

Mientras muchos dreamers celebran la perspectiva que se les abre de poder permanecer en el país gracias al programa de Obama y legalizar incluso su situación a través de la reforma migratoria que discute el Congreso estadounidense, Gil y los demás jóvenes que se encuentran en su situación viven una pesadilla.   

El drama es doblemente cruel si se tiene en cuenta que los dreamers que fueron deportados tal vez puedan regresar legalmente al país.

El proyecto aprobado en el Senado contempla un perdón especial para ellos al que no tendrían acceso quienes no fueron deportados, según explicó Kamal Essaheb, un abogado de inmigración del Centro Nacional de Leyes de Migración (NILC por sus siglas en inglés).   

“No creo que la “Pandilla de los 8” (los senadores que elaboraron el proyecto del Senado) pensó en una situación así cuando redactaron el proyecto de ley”, dijo Essaheb.   

Gil no puede ser acogida por el programa de suspensión de deportaciones porque uno de los requisitos es que la persona haya vivido en el país de forma continua. Gil no es la única que se arrepiente de haber regresado a México.   

Luis León, de 20 años, volvió sin hablar español y después de haber vivido casi toda su vida en Estados Unidos. León tenía la misma esperanza de poder completar sus estudios universitarios. Aunque fue difícil lograrlo pudo inscribirse en la Universidad de Veracruz. Pero no se adaptó y siente que se equivocó al haberse ido.   

“Me da miedo que me voy a quedar fuera”, dijo León, sobre sus posibilidades de regresar legalmente a Estados Unidos. “Van a aceptar a todos los que siguen dentro del país y a todos nosotros que nos salimos, que no cometimos ningún crimen, que nos llevaron de chiquitos y nos salimos a buscar un mejor futuro, no. Yo siento que no se vale”.   

“Tiene que haber una forma de resolver casos como estos”, declaró Mohammad Abdollahi, un iraquí que está en Estados Unidos sin papeles y quien es dirigente del movimiento de dreamers Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes.    Los defensores de la causa de los dreamers opinan que los congresistas deben incluir a jóvenes como Gil y León en la reforma a las leyes de inmigración, dándoles una opción de un perdón más flexible.   

No hay cifras sobre cuántos jóvenes volvieron a México ni cuántos dreamers fueron deportados por Estados Unidos.  Pero Abdollahi asegura que Gil y León no están solos.  Abdollahi, fundador del sitio en la red DreamActivist.org, conoce decenas de casos de jóvenes que regresaron a México sin ser deportados y con la esperanza de acceder a estudios universitarios.   

“Una mayoría de los que yo conozco se auto-deportaron porque querían estudiar y se encontraron con muchos obstáculos para hacerlo en México”, explicó Abdollahi. Eso es exactamente lo que le pasó a Gil.   

Gil llegó a Estados Unidos en brazos de su madre cuando tenía cuatro meses de vida y residió en Phoenix, Arizona hasta los 20 años.  En febrero de 2012, Gil y su madre María Antonia regresaron a la Ciudad de México con la esperanza de que la joven pudiera estudiar en la universidad utilizando una beca que le dieron de 2.000 dólares. En México podía usar el dinero para comprar libros, pagar su inscripción en el semestre y solventar los costos básicos de transporte y alimentación. Gil quería estudiar diseño gráfico.   

Ese dinero no iba a rendir lo mismo en Estados Unidos porque una ley estatal prohíbe las becas públicas para estudiantes en situación irregular y triplica los costos de su matrícula escolar como si fuesen residentes de otro estado    “Mi ilusión era que ella pudiera terminar una carrera universitaria, porque yo no tuve estudios, solamente la primaria”, dijo su madre María Antonia.   

Pero las cosas no fueron como esperaba cuando llegaron a la capital de México. En ese momento se dio cuenta que necesitaba obtener una copia traducida y certificada por un escribano público de su escolaridad en Estados Unidos.    Gil y su madre enviaron los 17 dólares para hacer el trámite dos veces y no pudieron lograrlo.   

“Es bien difícil, porque yo tenía que enviar todo mi papeleo desde México a Phoenix”, recordó Gil. “Enviamos el dinero y se perdió, después fuimos al banco a sacar otro giro postal y nos cobraban 50 dólares para darnos un giro postal de 17”.   

A los pocos meses, el dinero que María Antonia había ahorrado para el viaje se les acabó y no había podido conseguir un empleo. Por pequeña que pareciera la suma, no podían pagar el costo del trámite y Gil perdió la beca. La muchacha y su madre decidieron entonces mudarse más cerca de la frontera de Arizona.