Pesar por los cancelados en la administración pública

Cuando era estudiante de Derecho aprendí que para impartir justicia una debía ponerse siempre en lugar del otro y así las decisiones acercarla a lo que es justo y no caer en la práctica de hacer daños.
Ahora con los cambios en el gobierno, ha habido cientos de cancelaciones en diferentes instituciones públicas, en muchas de ellas no se ha respetado que sean de carrera, que hayan acumulado méritos, que formen parte de la memoria histórica de la institución y mucho menos el tiempo dedicado al servicio en el Estado.
Conozco varios casos de personas que en su vida solo han trabajado en la administración, a la que ingresaron cuando eran adolescentes y los han despedido faltándole cinco años para optar por una pensión y tras haber laborado más de la mitad de sus vidas en la misma.
Cuando un jefe de familia queda sin ingresos y más cuando depende de un salario, y de repente queda en la calle y sin horizontes, se produce una tragedia familiar porque se le condena hasta a pasar hambre.
La administración puede cancelar por las razones que estipula la Ley 41-08 sobre función pública, pero siempre justificando el daño que le haya hecho el servidor, sobre todo si es de carrera.
Hay servidores con una hoja de servicio correcta que han sido despedidos y lanzados a la calle solo para en su puesto colocar a uno que posiblemente no conozca nada de lo que hacía el cancelado.
Un ex empleado contó que tras 26 años de labor en el Estado, siendo de carrera, y donde laboró de manera eficiente durante los gobiernos de los últimos 25 años, al llegar de sus vacaciones el saludo que recibió fue: “pasa por Recursos Humanos” donde le entregaron una carta de cancelación con la expresión “por conveniencia de la administración”. Así sin más.
Para una persona que ha trabajado toda la vida, cuyos ingresos cubrían los gastos de su familia; pasar al ejército de desempleados es algo muy grave y doloroso y duele más cuando se es del mismo partido en el Poder.
El desempleo afecta a muchos dominicanos. El Estado es el mayor empleador, y la Ley 41-08, que crea el MAP, es la que protege a los empleados de carrera, pero en estos casos no ha sido eficiente.
Hay quienes dicen que ahora “los sufre callados” son los peledeístas que han sido despojados de su trabajo y no pueden decir nada porque son militantes del partido de gobierno, y la disciplina obliga.