POR FAUSTO ADAMES
Hay que reconocer que el inicio de una nueva administración y el programa de estabilización monetaria concertado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) han devuelto la confianza a los agentes económicos, y por ende, el tipo de cambio y los niveles de las tasas de interés han descendido notoriamente.

Sin embargo, las medidas económicas adoptadas por las autoridades han creado un congelamiento en la actividad económica, que a su vez, ha generado un mayor nivel de desempleo, mientras las exigencias al sector bancario en materia de capitalización parecen haber desbordado determinados linderos, por lo que los empresarios aconsejan a las autoridades mayor prudencia y flexibilidad.

Es así como los empresarios afirman que la política de restricción monetaria que hoy se aplica y el nuevo reglamento de evaluación de activos para fines de créditos bancarios deben ser adecuados a la realidad económica, de mercado y de competencia del país, de modo que una economía más dinámica y un apoyo a los sectores productivos son necesarios.

Los agentes económicos también aspiran a que las autoridades de la nación emulen los ejemplos que se han visto en los demás países, que cuando hay una crisis macroeconómica, se diseñan e implementan programas de apoyo a los sectores reales de la economía, que han sido abatidos por la crisis, y que así como el país tuvo que recurrir al FMI por préstamos para mitigar los efectos de la crisis financiera, de la misma manera las empresas requieren de un apoyo que les permita refinanciar y reestructurar sus facilidades de crédito, a tasas razonables que les ayude a recuperarse de los efectos de la crisis.

VALORES DE CIRCULACIÓN

Mientras tanto, uno de los aspectos que más inquietan al sector productivo es el nivel en que se han situado los valores en circulación del Banco Central, los cuales han crecido en un 14.7% entre diciembre del 2004 y el 7 de marzo del 2005, situándose en RD$127,138.2 millones, y aunque el medio circulante ha disminuido ligeramente en ese período, la emisión monetaria ha disminuido también y el multiplicador monetario prácticamente observa el mismo nivel de diciembre del 2004.

De todas formas, los empresarios consideran que el acuerdo con el FMI ha sido acertado, como también que las autoridades nacionales deben dar fiel cumplimiento a sus metas, pero que lo importante es pasar a la acción para impulsar las medidas que viabilicen la competitividad de los sectores productivos, para que el país pueda aprovechar su inserción internacional en los esquemas de libre comercio y alcanzar metas de significación en las negociaciones comerciales en curso, afirma la presidenta del Consejo Nacional de la empresa Privada (CONEP), Elena Viyella de Paliza.

También, los empresarios están muy preocupados por la forma en que el gobierno ha manejado el problema de la corrupción estatal, puesto que aunque las autoridades están haciendo todo lo posible por enfrentar de una manera más efectiva la delincuencia y el narcotráfico, no se vislumbran acciones inmediatas para el combate del mal económico de la corrupción gubernamental.

Según las informaciones expuestas por Viyella en un amplio informe, al sector económico le preocupa que pese a que se dispone de este acuerdo con el FMI, no se aproveche la oportunidad para relanzar la economía y para motorizar los sectores productivos, ya que el acuerdo es el marco de políticas públicas dentro del cual las autoridades tienen espacio para moverse y poder revertir la adversidad en oportunidades estratégicas que ayuden a salir definitivamente de la crisis en que sumieron al país, políticas económicas equivocadas e inoportunas.

Para ello, el país debe hacer los esfuerzos para cumplir con este acuerdo, «para que adecuemos el tamaño de las instituciones públicas a los desafíos de la competitividad y a la necesidad de contar con una burocracia eficiente y de cara al comercio exterior».

CUMPLIMIENTO CON LA LEY

«Por lo pronto, la lección aprendida y que no podemos olvidar es que todos, sin excepción, tenemos que cumplir con la ley, como también exigir que se cumpla, y al cumplir, nos ganamos el derecho a exigir. Sólo así, podremos evitar en el futuro, crisis como la que sufrimos en los últimos dos años. Tenemos, además, que fortalecer nuestra democracia y la independencia de los tres poderes del Estado. Asimismo, es indispensable que los partidos políticos asuman el rol que les corresponde en la democracia y hagan una revisión a lo interno para su democratización y fortalecimiento».

Y digo todo esto, continúa Viyella, porque nuestro desarrollo social y económico sólo será sostenible, en la medida en que nos fortalezcamos institucionalmente.

En el marco del acuerdo se plantea una reforma fiscal integral que debe ser neutral; esto es, que no aumente los impuestos, y que debe tender a hacer pagar a aquellos que no lo hacen, debe simplificar la estructura tributaria, fortalecer la administración tributaria y su capacidad de fiscalización, así como traer más transparencia y equidad al sistema, reduciendo los impuestos a la producción.

«Actuemos, pues, decididamente sobre ello, para que no tengamos que lamentarnos más tarde».

ACUERDO CON EL FMI

En las medidas cuantitativas y cualitativas del acuerdo con el FMI, muchos de estos puntos están implícitos o explícitamente tomados en cuenta, pero dentro de ese marco es a nosotros los dominicanos que nos toca, impulsar nuestro futuro, desarrollo y fortalecimiento institucional.

«En síntesis, como reflexión final, quiero destacar que tenemos que cumplir el acuerdo con el FMI, ya que no tenemos otra opción y sólo nos queda, como sociedad civil, dar seguimiento a las políticas públicas para que las mismas sean consistentes con un crecimiento sostenido de nuestra economía y de la prosperidad ciudadana».

También, se debe recordar que una de las funciones medulares del FMI es suministrar préstamos a los países afectados por problemas de balanza de pagos.

Esta asistencia financiera les permite reconstruir sus reservas internacionales, estabilizar su moneda, seguir pagando sus importaciones y restablecer las condiciones para un firme crecimiento económico.

PASADO RECIENTE

La economía dominicana se vio gravemente afectada por un choque externo a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos y de la notoria desaceleración del crecimiento económico, resultado de un paquete de medidas fiscales que adoptó la pasada administración desde sus inicios, no obstante los señalamientos que desde diferentes ángulos del sector privado y de la sociedad se hicieron para que dichas medidas restrictivas no fuesen adoptadas.

Esta situación se agravó al colapsar tres bancos y al asumir las autoridades nacionales el salvamento de todos los depositantes en flagrante violación a la Ley Monetaria y Financiera.

De inmediato, se produjo un déficit del sector público consolidado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se depreció el tipo de cambio a niveles récords, la tasa de inflación aumentó de forma alarmante, la deuda pública creció a niveles sin precedentes y el país comenzó a experimentar serios problemas para financiar su balanza de pagos y cumplir sus compromisos externos.

«La economía dominicana había prácticamente entrado en una cesación de pagos y los agentes económicos no percibíamos que se pudiese retornar al crecimiento con estabilidad. Por ello, las expectativas devaluatorias se acrecentaron y el país entró en un período de incertidumbre que sólo se recuerda a la caída de la tiranía de Trujillo», recuerda Viyella.

A esto se agregó que los agentes económicos no percibían las menores intenciones de que el gobierno disciplinase sus gastos y la proximidad de una campaña electoral les acrecentaba las expectativas de la depresión económica.

En ese marco, el CONEP se pronunció a favor de un acuerdo con el FMI como única garantía de corto plazo, de que el país retornara a la estabilidad, las inversiones lograsen repuntar y el retorno de capitales fuese posible.

Luego, el gobierno pasado firmó un acuerdo Stand-by con el FMI, el cual de acuerdo con los empresarios, entender fue entonces bastante generoso y flexible.

Desafortunadamente, se incumplió el referido acuerdo y es bueno recordar que cuando un país obtiene un préstamo del FMI las autoridades se comprometen a adoptar determinadas políticas económicas y financieras, es decir, aplicar la denominada condicionalidad del Fondo y aceptar las evaluaciones periódicas sin las cuales los desembolsos sucesivos no son posibles.

A finales de enero del cursante año, se aprobó un nuevo acuerdo Stand-by, esta vez por un período de 28 meses y por un monto de 437.8 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a unos US$670 millones.

«Esta firma con el FMI nos permitió poder acudir al Club de París, reprogramar la deuda y exhibir ante la comunidad financiera internacional, un programa de ajuste estructural que garantice a los acreedores y potenciales inversionistas, que la República Dominicana tiene la firme voluntad política de retornar a un crecimiento sostenido de su economía y a propiciar los cambios necesarios en las políticas públicas que garanticen el desarrollo nacional y el saneamiento de nuestras finanzas públicas».

En el mismo acuerdo se establece que para lograr mayor estabilidad y ganar fondos de inversión, se harían intercambios de bonos públicos, lo cual daría mayor garantía a los tenedores de títulos de valores en los mercados financieros internacionales e impulsarían la dinamización de la economía nacional. Este punto, que estaba pendiente de aprobación congresional, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Todavía quedan pendientes una asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema financiero nacional y otra para el fortalecimiento del sector eléctrico. Ambas forman parte de los requerimientos del acuerdo con el FMI y es importante que se aprueben.

En esta ocasión, las autoridades del FMI endurecieron su posición ante el país, «debido al incumplimiento que como Estado hicimos del anterior Acuerdo».

Como en toda asistencia financiera que ofrece el FMI, el acuerdo vigente plantea la observación de topes a ser cumplidos y somete a nuestra economía a una evaluación en cuanto al cumplimiento del programa acordado, estableciendo desembolsos escalonados y una evaluación trimestral, la primera de las cuales será en junio del cursante año y consistirá en la definición del contenido y del calendario del paquete de reforma tributaria y en la seguridad de que los bancos habrán de cumplir con las metas de capitalización.

«Además, nuestras autoridades se comprometieron también a adoptar cualquier medida adicional de política que viabilice el programa de estabilización», afirma Viyella.

Una segunda revisión tendrá lugar en octubre del cursante año y la misma se enfocará en el progreso de las reformas estructurales en el área eléctrica, del gasto público y en el manejo de la deuda del Estado, así como en la responsabilidad asumida en cuanto a la rendición de cuentas y a su independencia del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

LIBRE COMERCIO

Por tanto, la empresaria exhorta al gobierno y empresarios, en el sentido de que «hay que pasar de la retórica a la acción en materia de competitividad, tomando todas las medidas necesarias para colocar la producción nacional en condiciones de igualdad de competencia con los demás países de Centroamérica». «Si por algo República Dominicana no ha podido avanzar en materia de exportaciones, ha sido por inadecuadas y distorsionantes políticas de comercio exterior, puesto que mientras otros países eliminan barreras y promueven sus exportaciones, aquí hemos estado sufriendo los embates de una crisis económica de dimensiones nunca imaginadas», añade en dicho informe.

Para ella, es urgente que pasemos a la acción efectiva de adecuar el país y sus instituciones en condiciones de competir, que los empresarios harán el resto.

«Como empresarios, siempre estamos atentos y dispuestos a aprovechar las oportunidades, por lo cual, exijamos adecuar el marco de competitividad que hoy nos limita de poder competir adecuadamente, y procedamos a hacerlo en un esfuerzo conjunto».

Entonces, añade, lo importante es que todos entendamos como nación, tanto sector privado como público, que no podemos exportar impuestos ni ineficiencias, que nadie nos va a pagar por ellos. Que hoy, nos sacan de competencia y no nos han permitido aprovechar las oportunidades de los tratados con Centroamérica y Caricom y ahora ante el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se torna aún más urgente y necesario eliminar las trabas y barreras a la competitividad.