La solicitud formulada por el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, al Ministerio de Interior y Policía y a las autoridades haitianas de que “identifiquen fórmulas inteligentes que faciliten y agilicen el proceso de regularización” en los próximos 70 días restantes de ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular en la República Dominicana se pretende justificar en cifras erróneas y normativas jurídicas inexistentes, afirmó el economista Luis Vargas.

Señaló que Benítez indica incorrectamente que 156,000 trabajadores haitianos, equivalente al 34 por ciento de la población de inmigrantes radicados en territorio dominicano, sufrirán cancelaciones de sus respectivos puestos de trabajo y, en consecuencia, no podrán percibir salarios y enviar remesas.

Explicó que, según la base de datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en 2012 con el respaldo de la UNFPA y la Unión Europea, el número de trabajadores haitianos en el sector agropecuario ascendió a 101,127, equivalente al 17.87% del total de 565,823 empleados en las actividades agrícolas y ganaderas dominicanas.

Agregó que de la plantilla total de 234,907 trabajadores haitianos en los diferentes sectores de la economía nacional se distribuyó principalmente de la siguiente manera: por un lado, 35.71% en la agricultura, 25.91% en la construcción y 16.49% el comercio al por mayor y por menor y, por otro lado, 72.86% asalariados, 20.49% cuentapropistas y 6.85% otros.

Vargas dijo que hay que concluir que los problemas afrontados en la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular en la República Dominicana en la carencia de documentos de la República de Haití de los trabajadores indocumentados haitianos en la República Dominicana, así como en el cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales dominicanas, en especial el artículo 135 del Código de Trabajo.

Recordó que ese artículo establece que “el ochenta por ciento (80%), por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.

El catedrático universitario dijo que en caso de que el personal de la empresa sea menor de diez trabajadores, deberán aplicarse las siguientes reglas: si son nueve los trabajadores, seis deberán ser dominicanos; si son ocho o siete los trabajadores, cinco deberán ser dominicanos; si son seis los trabajadores, cuatro deberán ser dominicanos; si son cinco o cuatro los trabajadores, tres deberán ser dominicanos; si son tres los trabajadores, dos deberán ser dominicanos.