Hoy 
Por Sheila McNulty en Houston y Alexander Kliment en Washington
La industria petrolera de Estados Unidos acusó al gobierno de comportarse como un déspota del tercer mundo, después que la Cámara de Representantes votara castigar a las compañías si se niegan a cambiar los contratos que le dan al gobierno una mayor tajada de las ganancias en aumento
Vivimos en un país de leyes, dijo John Felmy, jefe económico del American Petroleum Institute, que representa a los productores de petróleo de EEUU. Esto no es ni Caracas ni Moscú.
El jueves pasado, la Cámara de Representantes votó la eliminación de miles de millones de dólares de incentivos por derechos para los productores de petróleo y gas que operan en el Golfo de México, zona rica en recursos. La medida, que los legisladores aprobaron por una votación de 252 a 165 como parte de un proyecto de ley de gastos más amplio, también forzaría a las compañías de energía a renegociar los contratos que rigen sus operaciones de perforación en aguas de propiedad pública en las costas del Golfo.
La Cámara generalmente ha sido más protectora de los intereses de la industria petrolera que el Senado, lo que hace probable que las legislaciones se conviertan en ley.
Con el fin de estimular la producción de petróleo y gas en las aguas profundas del Golfo de México, la administración Clinton a finales de los años 90 firmó unos 1,000 contratos con productores que los eximían de pagar el derecho habitual entre 12%-16% al gobierno federal por las ventas de hidrocarburos extraídos del golfo. Con precios para el petróleo que rondan los US$70 el barril y los del gas natural cerca de US$6 por mil pies cúbicos, la oficina de Contabilidad del Gobierno este año estimó que estas exenciones pudieran costarle a Washington US$10 millardos durante los próximos 25 años.
En un airado debate, los partidarios de la enmienda argumentaron que con ganancias gracias al petróleo en alturas récord y cuando el gobierno enfrenta un déficit de presupuesto enorme, ceder miles de millones a los productores de petróleo y gas es inaceptable. Los opositores de la medida, principalmente entre los republicanos de la Cámara, refutaron con el argumento de que obligar a las compañías a renegociar sus acuerdos constituye una violación de contrato que afectaría la credibilidad del gobierno y conduciría a un litigio costoso.
El señor Felmy dijo que el alivio por el pago de derechos había estimulado la producción de más petróleo y gas en el Golfo, y de retirarlo, podría reducir suministros muy necesarios. Una reducción en los suministros en medio de un alza global de la demanda de energía pondría mayor presión en los precios.
