NacionalSanto Domingo.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) informó que ha logrado la imposición de presión preventiva como medida de coerción contra 13 de unas 20 personas acusadas de atentar contra el Sistema Energético Nacional.

El magistrado Moisés Ferrer, quien dirige la PGASE, declaró que el más reciente detenido es Ricardo Antonio Castro Gonzales quien fue enviado a la cárcel de La Victoria por su presunta vinculación al robo de componentes eléctricos.

El procurador adjunto recordó que siete de los imputados guardan prisión por un año acusados por la Empresa de Transmisión Energética (ETED) de atentado contra varias torres de la Autopista Eléctrica 345 que va desde el Distrito Nacional hasta el Cibao.

Los detenidos son: Abel Almanzar Sirí, Julio Ángel Abad Pérez, Carlos Manuel Castillo Rodríguez, Javier Rodríguez Rodríguez, Teofilo Núñez Peña y los hermanos Ambiorix Castillo Rodríguez y Gregorio Castillo Rodríguez.Reveló que está personas se dedicaban a robar componentes energéticos poniendo en peligro eminente el Sistema Energético del país si una de esas torres de caía por el delito cometido.

Declaró que en la lucha contra el sabotaje también fueron procesados y enviados a la cárcel los nombrados Freddy Bernardin y Ramón Andrés Almonte, quienes junto a los coimputados José Alberto Minaya y Martín Tavárez Pérez atentaron contra la torre número 73 que sirve de soporte a la línea de 138 megavatios situada entre Navarrete y Puerto Plata.Agregó que recientemente la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís envió a prisión al imputado Julio Bealis, quien se combinó con Manuel Alberto Herrera para robar componentes eléctricos de las torres números 159 y 160 ubicadas en esa provincia.

Recordó que en la cárcel de La Victoria están los nombrados Leonardo Michel y Manuel Eusebio Michel a quienes la oficina de atención permanente del Distrito Nacional les impuso tres meses hasta que concluyan las investigaciones que lleva la PGASE en su contra por sustraer componentes de una torre de energía.Igualmente el mismo tribunal le impuso una garantía de dos millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica a Wilfredo Carela Reyes, contra quien también la PGASE tiene pruebas contundentes.

Ferrer advirtió seguirá «persiguiendo a los desaprensivos que quieren convertir el delito en su modus vivendi», debido a que son incentivados por lo metaleros, quienes compran a precio de vaca muerta estos componentes eléctricos sin importar el daño grave que ocasional al país.